«El número total máximo de vehículos autotaxis participantes no será superior a ciento cincuenta (150)». Esa una de las seis condiciones que la Subdelegación del Gobierno ha puesto a las asociaciones de taxistas de Santa Cruz -cinco en total- que han convocado una manifestación para los días 2, 3 y 4 de enero.
La decisión, comunicada ayer y que los profesionales consideran «una falta de respeto del Ayuntamiento de Santa Cruz por la democracia» y una «vulneración del derecho a manifestarse», está sustentada por sendos informes de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía y por el Consistorio de la capital. «Como las amenazas no funcionaron, ahora hacen uso de la represión», recalcaron portavoces de estos colectivos.
La autorización de la movilización establece que el traslado inicial de los vehículos autotaxis participantes hasta el punto de concentración en Santa Cruz habrá de realizarse «de forma individualizada por cada uno de ellos». Del mismo modo, el documento añade que «no se realizará ninguna caravana de vehículos por el interior de la ciudad, ni al inicio ni al final del acto». Y recalca que «deberá mantenerse el adecuado servicio de orden interno que garantice su pacífico desarrollo, del que los convocantes se hacen responsables, no efectuándose cortes de tráfico ni entorpecimientos graves de la circulación distintos a los que pueda ocasionar la propia celebración del acto».
Arcila asegura que «en situaciones como esta es cuando se reclama liderazgo de un alcalde y que sea capaz de influir en las otras administraciones implicadas para una solución justa al conflicto del sector del taxi». El deber de Bermúdez, apunta el portavoz SsP, «es mantener el diálogo y garantizar que el conflicto se resuelve de forma duradera, no entrar a las negociaciones con amenazas y con una actitud más cercana a la imposición que a la negociación».
Fuente: El dia
