Al final de la reunión, seguida por una representación de la asociación de autónomos del taxi, que les había trasladado sus reivindicaciones, y que quedan recogidas, el portavoz socialista, Iago Negueruela, y el diputado del PP que ha llevado este asunto, José Luis Mateo, se dieron la mano. También la Conselleria de Mobilitat, que tiene que aprobar la normativa posterior, ha participado en su redacción.
Papel de los consells
Por ejemplo, la ley que se aprobará incluirá (eso es una propuesta del Govern) un apartado para evitar algo que puede ocurrir después de una sentencia del Supremo referida a la Comunidad de Madrid: que licencias tipo Uber de otras comunidades puedan operar en Baleares. En general, toda la ley está pensada para impedir la avalancha de licencias de compañías VTC. También queda recogida una propuesta que había planteado el PP y que se refería a Eivissa: dar un margen temporal para que las licencias dadas en esa Isla no operen en otras.
Lo relevante, además de mantener la media hora previa para solicitar un servicio con esas compañías (algo que en un primer momento el PP parecía rechazar) es que se incluye una moratoria: no habrá concesiones de licencias en tanto no se apruebe la regulación definitiva.
Otra de las novedades es que queda recogida, al fin, una reclamación del sector del taxi tradicional, el de concesión municipal: la creación del área de actuación compartida. Eso significaría que coches de un municipio podrán operar en otros y que se establecerán tarifas comunes. Los consells tendrán un importantes poder de decisión. Era otra de sus reclamaciones.
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