Los hoteleros también exigen al Gobierno un blindaje legal ante Airbnb

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«El mantra del sector turístico contra la oferta ilegal de alojamientos está tomando impulso tras el reciente blindaje del sector del taxi frente a las VTC mediante Real decreto ley. En boca del vicepresidente del lobby turístico Exceltur, «es un momento clave para que el Gobierno tome medidas».

Alrededor de 100.000 familias viven del sector del taxi que el Ministerio de Fomento ha protegido, en función de un interés para los usuarios, y con el fin de atajar los «desequilibrios locales» y favorecer su «coexistencia armónica» con los Vehículos de Transporte con Conductor.

El turismo excede esos datos con creces, recuerda Zoreda, cuya asociación integra a las mayores marcas hoteleras españolas como Meliá, Iberostar, NHHoteles, Riu o Hotusa pero también a otros grupos vinculados al turismo como Iberia, Amadeus o eDreams. «Si se sientan precedentes en el transporte podemos esperar que se actúe de manera similar en el alquiler turístico: adelantamos hace casi cuatro años que la oferta ilegal de pisos turísticos era el principal riesgo del sector turístico español; hay que evitar que el impacto y las externalidades que genera afecten al modelo turístico español».

Los hoteleros, no obstante, no ven fácil que tras este precedente de Fomento vaya a haber una legislación nacional. «Sería nuestro deseo», aclara Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos(Cehat). «Pero no hay intención dentro del PP». Pese a que muchas comunidades autónomas «de diversos colores políticos piden ayuda», resalta Zoreda.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital mantiene que «las características de cada destino turístico son completamente diferentes», lo que justifica que las competencias sean autonómicas. Recuerda que se están tomando medidas de índole fiscal y de seguridad.

«Actuación a nivel país»

Sin embargo, Exceltur reclama «una actuación general a nivel país y una regulación que ponga orden», más allá del decreto de Hacienda de petición de datos para evitar la «impunidad fiscal» de las plataformas y los requisitos de información sobre los huéspedes que estas viviendas deben facilitar a Interior. Pero aún no habiendo una legislación nacional, Estalella destaca que estas decisiones suponen que se empiece a tratar a las plataformas que publicitan los pisos turísticos como una actividad económica.

Para Zoreda ha quedado claro, a través de decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró a Uber empresa de transportes, que las plataformas «no son simples tablones de anuncios». «Es insólito y grotesco que una institución como la Comisión Nacional los Mercados y la Competencia (CNMC) esté propiciando que las plataformas se salven de esto», dice el responsable del lobby turístico en relación a las objeciones del organismo. Aunque aún no hay impugnación oficial en los tribunales, Competencia estima que esta petición de datos, que se hace también a las pymes, es desproporcionada y limita la competencia de las plataformas.

«Al margen de que paguen impuestos, la oferta ilegal de pisos turísticos está provocando el alza del precio del alquiler, la expulsión de los vecinos o la banalización de los barrios». Gentrificación, turistificación y, por ende, turismofobia. Y esa parte es la «que Fomento ha tenido en cuenta para tomar su decisión regulatoria», considera.

«Los hoteleros no es que no queramos que haya viviendas turísticas», afirma Estalella. De hecho, destaca que pueden ser muy beneficiosas para el reparto del turismo sobre todo en determinadas zonas. «Lo que no queremos es que las haya sin regular y sin límites».

En el conflicto entre el taxi y las VTC el Gobierno ha apelado a la necesidad de seguridad jurídica que también es inexistente en los pisos turísticos. Los hoteleros pelean por una «normativa nacional que genere seguridad jurídica», porque «la actual no se la da». «En España hay distintas normativas en alojamientos regulados», dice Estalella «y se puede crear otra normativa para este tipo de viviendas», que matiza «no son los apartamentos regulados».

La secretaría de Agenda Digital, opina Exceltur, «tiene competencias para responsabilizar a las plataformas de lo que suben y que cumplan las legislaciones autonómicas». Comenta, además, Zoreda que «las CCAA se están viendo superadas por el incumplimiento permanente de la legislación por parte de estas plataformas, que se amparan en resquicios jurídicos». «Necesitan tutela», y ahora cree que «sería el momento ideal para que Turismo convocara una reunión con las CCAA.

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