Los taxistas irán “hasta las últimas consecuencias” para exigir regulación sector
— 22 abril, 2016Según datos ofrecidos por el presidente de la FTPM, las autorizaciones para empresas de transporte en Madrid han pasado de 593 a 1.616 y ha asegurado que al sector le “sorprende” que la administración no le informe del número de solicitudes de operación de empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC), “quizás porque pondría en pie de guerra a todo el sector”.
Sánz ha reclamado a las administraciones que fijen “criterios claros” para la prestación de estos servicios y ha expresado el temor de los taxistas a que en un plazo de una década desaparezca el sector, que aporta a las arcas públicas en la Comunidad de Madrid hasta 190 millones de euros cada año.
La proliferación de empresas de arrendamiento de vehículos con o sin conductor suponen un “servicio paralelo” al taxi, regulado desde hace más de un siglo, y que aumenta cada día “favorecido por la falta de normativa y de resquicios legales”, ha dicho Sánz.
El presidente de la FPTM ha asegurado que estos servicios, cuyas empresas están radicadas en otros países, ocupan los espacios reservados para el taxi, o estacionan en la vía pública. “Sólo les falta llevar un cartel y recoger clientes por la calle”.
Según Sánz, el impacto de las empresas de transporte alternativas al taxi se notan en hoteles, estaciones de tren o de autobuses, aeropuertos o locales nocturnos.
En la asamblea “abierta” que celebra hoy la FPTM no se plantearán acciones contundentes, sino “medidas mesuradas y prudentes” de todo el colectivo encaminadas a solicitar la regulación de ls nuevas empresas de transporte.
El sector del taxi, ha dicho Sánz, aporta en Madrid 90,6 millones de euros en cotizaciones sociales, 17 millones de euros a través del IRPF, 28,7 millones de euros con el IVA, 50 millones de euros en impuestos indirectos (carburantes), un millón de euros a través del impuesto municipal de circulación.
La desaparición del sector del taxi, ha dicho el presidente, supondría un perjuicio para los ciudadanos, para la Administración y las familias de los trabajadores del sector, y también para las estaciones de servicio, los talleres de mecánica, los fabricantes de vehículos o las aseguradoras.