Los taxistas advierten sobre el colapso burocrático del Ayuntamiento de Palma en la gestión de licencias, según ha revelado este martes la entidad Taxis-PIMEM en una rueda de prensa.
Este colectivo ha manifestado su descontento ante el «bloqueo casi total» por parte del personal del área de Movilidad, una situación que está generando un escenario insostenible e inadmisible para el sector en general y, de forma más específica, para los trabajadores directamente afectados, que ya superan el centenar por diversos motivos.
La asociación afirma que, desde diciembre, ninguna licencia traspasada ha sido resuelta, perjudicando gravemente a los nuevos titulares.
Para su presidente, Biel Moragues, «las repercusiones de esta paralización son muy concretas, y van desde las dificultades que enfrentan los trabajadores para gestionar sus financiaciones hasta la imposibilidad de cobrar el paro en un único pago».
«Estamos hablando de que este bloqueo podría hacer que los expedientes prescriban, lo que nos sumiría en un problema grave con consecuencias económicas significativas». En este sentido, Taxis-PIMEM no descarta reclamar compensaciones por los daños que está generando esta situación.
Otra consecuencia que ha señalado la asociación de taxistas es que, si el Ayuntamiento de Palma no concede las licencias, los vehículos circulan durante cinco o seis meses sin documentación, exponiéndose a sanciones severas que pueden alcanzar los 6.000 euros.
Moragues ha subrayado que la asociación ha solicitado al área de Movilidad que, al realizar un traspaso o cambio de vehículo, se emitan documentos provisionales, tal como lo hace la Jefatura de Tráfico.
Además, la organización critica que solo se tuvo conocimiento del número de aprobados en el examen de noviembre una semana antes de la prueba de febrero. «Esto implica que ningún aspirante que superó el examen en noviembre pudo ser contratado por no disponer del número de carnet de taxista», añade Moragues.
Finalmente, el presidente de la asociación ha admitido que han recibido disculpas por parte del concejal de Movilidad, pero también reveló que el propio concejal, Antoni Deudero, le confesó que «los documentos que entraban por registro se revisaban nueve meses después, por lo que calificamos la situación de extremadamente grave», advierte Moragues.
Fuente | okdiario.com
