Los usuarios de Uber y DiDi en Costa Rica tendrían que pagar un 13% de IVA para indemnizar a los taxistas

Los usuarios de Uber y Didi pagarían el 13% de impuesto al valor agregado (IVA), por cada servicio de transporte, para financiar una indemnización en favor de los taxistas.

Así lo establece un texto sustitutivo aprobado este martes, en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en el trámite del proyecto de ley de regulación de plataformas de transporte.

La nueva versión recibió seis votos a favor y dos en contra; fue presentada por el diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El texto establece que la formalización de las plataformas puede desembocar en finiquitos de los contratos de concesión que el Estado ha otorgado para la operación de taxis.

El proyecto de ley no establece un monto de indemnización; solo indica que cada concesionario de taxi tendrá seis meses para decidir si se acoge a un finiquito para exigir al Estado ser indemnizado por los recursos que habría ganado en el plazo que le quede de concesión.

Los usuarios de Uber y DiDi pagan el 13% de IVA desde diciembre del 2020 cuando el Ministerio de Hacienda los incluyó en la lista de servicios transfronterizos gravados con este tributo. Este proyecto lo que haría es redirigir el destino de los recursos, los cuales hoy entran a sufragar las necesidades generales del Gobierno.

La nueva redacción retoma la idea del Gobierno de crear el Fondo Especial de Servicios de Transporte remunerado de personas, el cual será administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El 80% de esos recursos sería usado para sufragar la indemnización de los taxistas. El 20% restante iría al MOPT para gastos operativos, producto del manejo de registros y de la fiscalización de esta legislación, dice el texto.

Una vez vencido el plazo de seis meses para que el conductor de taxi se solicite la indemnización, los recursos existentes del Fondo Especial serán administrados por el MOPT; en tanto, una vez sufragado los costos, Hacienda administrará el 13% del IVA de acuerdo con la legislación tributaria.

El Fondo Especial también se nutriría de los recursos de inscripción y renovación que deberán pagar las empresas tecnológicas de transporte cada cuatro años al MOPT.

El pago sería de la siguiente forma:

– Por operar de 1 a 1.000 vehículos inscritos, el pago corresponderá al equivalente a veinte salarios base (¢9,2 millones).

– Por operar de 1.000 a 5.000 vehículos inscritos, el pago corresponderá al equivalente a sesenta salarios base (¢27,7 millones).

– Por operar de 5.000 a 10.000 vehículos inscritos, el pago corresponderá al equivalente a ochenta salarios base (¢36,9 millones).

– Por operar de 10.000 vehículos en adelante, el pago corresponderá al equivalente a cien salarios base (¢46,2 millones).

Abarca justificó, ante los diputados de la Comisión de Económicos, la creación de un fondo especial para indemnizar a los taxistas: “Ese texto que ustedes aprobaron genera una modalidad de indemnización por lo que le resta las concesiones”.

“Precisamente ese es el espíritu. Cuando usted va a captarle una concesión que ha otorgado, tiene que pagarle, así sea un taxi, un aeropuerto o una carretera. Sea la que sea.

“Si el Estado brinda un contrato y usted lo va a modificar, tiene que pagarlo. ¿Cómo lo paga? Tiene que generarse todo un mecanismo, asignando el 13% del IVA que hoy no están cobrando Uber y las plataformas al pago de esa indemnización. De manera que el Estado tampoco hoy está dejando de percibir ese 13%. Lo va a adquirir y lo va a asignar al pago de esas indemnizaciones”, argumentó.

Consultado sobre quién calcularía el monto de lo que se indemnizaría a cada taxi y la metodología de cálculo, Abarca solo indicó que esta se haría “por el plazo que le quede a la concesión”.

“Al momento de la concesión, se establecen unos plazos que son diferentes por cada uno. Hay que hacer un estudio que no tengo a mano”, añadió.

Por otra parte, el socialcristiano negó que el finiquito de la concesión implique “matar” la modalidad de taxi. “Se brinda autorización para liquidar concesiones. Es decir, el Estado queda habilitado para otorgar más concesiones. Si quiere habilitar más concesiones de taxi lo puede hacer sin ningún problema. Aquí nadie está matando a nadie. Si alguien dar el servicio en esta nueva modalidad puede hacerlo a través de taxi o por medio de las plataformas. Lo que hacemos es ponerlos a competir en una cancha más pareja”, sostuvo Abarca.

La Nación

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