La consejera Carazo confirma que el decreto que no cuenta con el apoyo del sector prevé la convivencia del taxi y las VTC.

El gabinete de Juanma Moreno (PP) ha llevado hoy al Consejo de Gobierno una regulación, un decreto-ley, del sector del taxi y las VTC que no convence a los taxistas, que preparan movilizaciones.

El 1 de octubre termina la protección de las leyes estatales a las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) y la Junta, asegura, se ha visto obligada a legislar. El taxi tiene convocada protestas para este mismo miércoles  y aseguran que el Gobierno andaluz condena «a ocho mil taxistas y sus familias al esclavismo a corto plazo y a su desaparición a largo plazo», según un comunicado de Élite Taxi.

Carazo aseguró que tiene previsto convocar una mesa de trabajo, que se reunirá una vez al mes para valorar la aplicación del decreto. «Y vayamos tomando decisiones y quitando miedos [a los taxistas] en la aplicación de la norma [que] va a funcionar, estoy convencida». «Tenemos la mano abierta para seguir trabajando con el taxi para que esa actividad sea la mejor Andalucía», agregó la consejera.

La idea del Gobierno andaluz, según Carazo, es favorecer dos actividades –taxi y VTC– que «tienen que convivir». Para la consejera, «la responsabilidad, el sentido común, el equilibrio, buscar la mejor solución de convivencia y no querer dañar al taxi y pensando siempre y por encima de todo en el consumidor ha sido lo que ha centrado esta regulación».

Las VTC se congratularon de que el Gobierno andaluz «garantice la continuidad del sector», pero lamentó «algunas restricciones desproporcionadas» en la regulación.

El taxi, por el contrario, está encendido. «Seguiremos dando la batalla en la calle y en los juzgados. Su cancerbera Carazo ha hecho gala de una actitud apisonadora y, lo que es peor, amenazante que en el taxi no olvidaremos. Ayer se nos llegó a decir que si no nos gustaban las medidas propuestas, la alternativa era el modelo de Madrid. Es decir, se nos daba a elegir entre la muerte a plazos y la muerte inminente. Impresentable e inadmisible. Este es el consenso, actitud negociadora y empática de la que Moreno Bonilla ha presumido que iba a presidir su mandato. Y en la primera oportunidad que tiene para demostrarlo, hace gala de todo lo contrario. Imposición y amenazas», se lee en el comunicado de Élite Taxi.

Un VTC cada 30 taxis

La nueva norma, un decreto-ley, que modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, establece, entre otras medidas, según informó el Gobierno en un comunicadoque no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado y solo podrá haber nuevas en un futuro si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis.

El Gobierno andaluz ha fijado también zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

La norma prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario solo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate. Los VTC tendrán que aportar más información al registro, sus conductores tendrán que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas para la profesionalización del sector y la mejor protección de los derechos de los usuarios.

En el Reglamento que desarrolle el Decreto Ley se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC, que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad. Mientras que el tamaño del vehículo oscilará entre los 4,5 metros para los de cero emisiones, 4,70 metros para los híbridos-eco y los 4,9 metros.

Los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda).

La Junta de Andalucía incluirá después en el reglamento de desarrollo una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en los momentos de gran demanda. Se podrá establecer una tarifa máxima por proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios.

La administración impone también a las plataformas intermediarias la responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor, así como tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio contratado.

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