Las multas impuestas a los taxis y taxistas en Madrid son una cuestión que, aunque poco conocida por muchos, ocurre con frecuencia en la capital española. Una situación en la que, en numerosas ocasiones, los propios taxistas desconocen cómo proceder ante las sanciones de la administración pública, que pueden incluso dejar sus vehículos fuera de circulación durante meses, con el consiguiente perjuicio económico.
Ante este conflicto con la administración, la abogada Patricia Siguero de Unzúe, con más de 15 años de experiencia en el sector, se ha convertido en un apoyo fundamental para estos profesionales en los tribunales de lo contencioso-administrativo.
¿Cómo comenzó a especializarse en este sector?
Empecé en este ámbito porque adquirí una licencia de taxi, y era mi marido quien lo conducía. A partir de las sanciones que comenzaron a imponerle, decidí presentar recursos. Con el tiempo, he ido adquiriendo un conocimiento amplio y profundo en la materia.
Usted es especialista en sanciones a taxis. ¿En qué consisten exactamente?
Llevo trabajando en este tema desde hace al menos 15 años. No solo gestiono las sanciones impuestas por el Ayuntamiento, sino también las de la Comunidad de Madrid.
Cuando un taxista es sorprendido con la capilla desprecintada, se le sanciona bajo la ley de metrología, a pesar de que la capilla no mide nada, solo señala si el taxi está libre o no. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de un precinto de licencia, con multas de 300 o 600 euros.
¿Ha logrado eximir a taxistas de sanciones de gran cuantía?
He conseguido que taxistas eviten pagar multas de 30.000 o 80.000 euros porque he demostrado que no están basadas en esta ley y, por lo tanto, son totalmente inválidas.
También he logrado anular sanciones más «ligeras», como las de los radares por exceso de velocidad.
¿Cuáles son las infracciones más frecuentes que enfrentan los taxistas?
Además de las infracciones de tráfico, la falta de notificación es otra razón válida para desestimar una sanción, no por vía administrativa, sino por vía contenciosa. Son procedimientos de poca importancia.
En las sanciones más graves es donde realmente se presentan los problemas. A muchos les colocan el precinto durante 3 o 6 meses. Imagina lo que significa tener el coche precintado durante tanto tiempo: es como no poder llevar dinero a casa.
Y recurrir por vía administrativa es complicado. Solo he ganado uno en 2019. En ese caso, no fue necesario ir a juicio. Siempre se debe agotar la vía administrativa primero. Y, luego, cuando no queda más opción, se presenta un recurso contencioso-administrativo para pedir justicia.
¿Cuál es su enfoque legal en estos casos?
A mí me gusta solicitar medidas cautelares, porque, como la administración puede seguir ejecutando por vía de apremio, si las pides y se emite un auto aprobándolas, la administración no podrá precintarte la licencia hasta que no se celebre el juicio.
Si el abogado no solicita medidas cautelares, el tiempo en el que el taxi permanece parado es inevitable. Por eso, en todos mis recursos de reposición siempre incluyo una cautelar, que está contemplada en el artículo 117 de la Ley del Procedimiento Común de las Administraciones. De este modo, mientras tanto, el taxista puede seguir circulando y evita que la policía le retire el vehículo o la licencia.
¿En qué se basan para imponer sanciones a los taxistas?
Ellos argumentan que sancionan conforme a la Ley de Ordenación Terrestre (LOR) y el Reglamento ROD. Sin embargo, en realidad, aplican esa ley pero te sancionan con una norma de rango inferior, como las ordenanzas municipales.
No se puede sancionar con una norma municipal cuando la LOR y la ROD no lo prevén. Están utilizando una analogía incorrecta, lo que constituye un fraude de ley.
Evidentemente, no cumplen con los requisitos de tipicidad y legalidad. Existe abundante jurisprudencia que establece que estos requisitos deben ser respetados.
¿Cuál ha sido el caso más complejo que ha manejado?
Tuve que empezar a estudiar la ley de metrología, ya que decían que las capillas estaban desprecintadas. Recibimos sanciones de la Comunidad de Madrid que aplicaban esta ley, aunque la ley de metrología no está diseñada para esto, sino para grandes empresas que operan con contadores o medidores, como el gas o la electricidad.
La capilla no tiene ninguna relación con el taxímetro. Fue uno de los casos más difíciles que he enfrentado, ya que la Comunidad de Madrid insistía en mantener la sanción. Tuvimos que recurrir al contencioso-administrativo. El luminoso no mide ni contabiliza, además de que la sanción era incorrecta, ya que debe ser impuesta por la Comunidad Autónoma, no por un agente. Fue una gran satisfacción ganar ese caso.
¿Cree que los taxistas desconocen sus derechos y por eso aceptan las sanciones?
Tienen todo el derecho de impugnarlas, ya que se les están vulnerando derechos fundamentales, como el derecho al trabajo. Pero existe un gran desconocimiento sobre las acciones que pueden tomar al respecto. En muchos casos, prefieren aceptar la sanción, aunque esto les impida trabajar y les cause pérdidas económicas. Hay que concienciar a la gente sobre esto.
¿Cómo percibe su trabajo en este campo?
Es un ámbito muy complejo y mal remunerado. Me apasiona este campo porque el derecho administrativo me parece un derecho de «guante blanco». El papel lo soporta todo. En este sentido, me lo tomo con una pasión que probablemente otros no compartan. Se trata de redactar de manera precisa y detallada.
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Entrevista realizada por confilegal.
Fuente | confilegal.com
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