Los taxistas rurales de Aragón han expresado su preocupación por la segunda fase de licitaciones del transporte escolar en la comunidad, un proceso que, según denuncian, puede dejarlos fuera de la posibilidad de concurrir directamente y poner en riesgo la viabilidad de su actividad.
La Asociación de Taxistas Rurales de Aragón, aún en proceso de constitución, ha advertido a través de un comunicado que sus “peores presagios se han cumplido”. El colectivo interpreta que la forma en que se están diseñando los lotes de adjudicación —agrupados en grandes bloques— puede impedirles competir como en la primera licitación, relegándolos a depender de empresas más grandes que subcontraten el servicio. Esta situación, sostienen, podría excluirlos de contratos que en muchas zonas rurales suponen una parte significativa de sus ingresos y actividad diaria.
Desde la Dirección General de Asuntos Ambientales de Aragón (DGA), sin embargo, sostienen que esa apreciación es errónea y que se está trabajando en nuevos pliegos que permitirían una participación adecuada de los diferentes operadores. Según la administración autonómica, el objetivo es ajustar los criterios técnicos y jurídicos de los contratos para que se adapten a las necesidades del servicio, aunque aún no se han concretado públicamente los detalles finales de esa revisión.
Los taxistas rurales argumentan que, en muchas rutas con poca ocupación, un autobús no es la opción más eficiente ni necesaria, y que vehículos de menor capacidad como los taxis son más adecuados para prestar ese servicio con calidad. También señalan que, en muchos casos, el transporte escolar rural está ligado a otras funciones de movilidad vital para estas comunidades —como traslados a centros de salud o servicios para personas mayores— por lo que su exclusión de estas licitaciones tendría un impacto más allá del mero negocio.
Además, desde el sector se teme que la subcontratación a grandes operadores pueda reducir aún más los ingresos de los pequeños taxis, ya que los adjudicatarios podrían quedarse con un porcentaje considerable del precio licitado para cubrir sus costes.
Hasta el momento, la DGA ha reiterado que no existe una intención de excluir a los taxistas rurales y que los pliegos están siendo revisados para equilibrar competencia, calidad del servicio y condiciones de acceso. El debate continúa abierto, con el sector rural atento a las próximas decisiones administrativas que definirán cómo se organizará este servicio esencial en 2026 y años siguientes.
Fuente | heraldo.es
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