Se intensifica el conflicto en el aeropuerto de Málaga ante la presencia de conductores pirata

El Ayuntamiento está a punto de autorizar una iniciativa para que conductores voluntarios informen sobre los peligros de los ilegales en el aeródromo

Nada parece disuadirlos. Los conductores ilegales continúan, día a día, captando clientes en el aeropuerto de Málaga. Ni siquiera, aseguran los taxistas, el plan de refuerzo policial que se mantiene activo ha conseguido ponerles freno de manera contundente. Un problema que llevan arrastrando años y ante el que se reconocen “cansados”. No pocos incluso han pasado, o tienen pendiente, pasar por los tribunales tras denunciarlos. Aunque los acontecimientos no les nublan la vista. Coinciden en que la solución pasa por seguir aumentando la seguridad, que valoran todavía como insuficiente.

A corto plazo, por contra, las expectativas son malas. La temporada alta no ha hecho más que arrancar, pero ya notan un repunte de ilegales ansiosos de hacer negocio. “A muchos los tenemos fichados de hace ni se sabe”, cuenta José Parrilla, conductor estacionado en la bolsa del aeródromo. También son viejos conocidos para la Policía, que patrulla la zona tanto de uniforme como de paisano; eso sí, la dificultad de pillarlos in fraganti es muy elevada porque saben cómo y cuándo actuar. “Es decepcionante. Tenemos todo en regla: licencia, seguro, cumplimos todos lo requisitos, pero no hay manera…”, añade.

La mayoría de los piratas suele trabajar de noche, coincidiendo con las horas en que la actividad de los autobuses y los trenes es más reducida, cuando no inexistente. Además de aprovechar las colas de los taxis para robarles clientes ofreciéndoles un mejor precio, cosa que no suele cumplirse, y persuadir a quienes piden un VTC de que se monten con ellos, incluso utilizando a compinches que se hacen pasar por clientes y se prestan a compartir la carrera. Sus destinos predilectos son los más lejanos: Benalmádena, Marbella, Algeciras… para después poder inflar la cuenta hasta 50 o 60 euros. Por ejemplo, de los 120 que cuesta ir a Estepona en taxi a los 180 que llegan a cobrar ellos, según afirman los conductores.

Los ilegales, normalmente, se dividen en dos grupos: captadores y conductores. La forma más sencilla de verlos, asegura Nacho Campos, taxista desde hace casi 13 años, es en la terminal de llegadas, donde lo dan todo por un puñado de billetes. “Ahí forman una barrera y es imposible librarse ¿Has ido a El Cairo o a Marruecos? Pues es igual. Avasallan a los viajeros. Van con el cuchillo entre los dientes”, asegura este conductor, que reconoce haber pasado por más de un juicio, entre propios y de compañeros, durante esta década y pico. “Ahora soy menos fiebre con este tema, porque no llega a ningún lado, hay una absoluta dejación de funciones”, lamenta. Cuando no es el propio ilegal el que denuncia al que lo hace bien… “Hay compañeros a los que les ha pasado. Es increíble”.

Aunque no todo es catastrofismo. A falta de su publicación, el Ayuntamiento de Málaga tiene lista una suerte de plataforma de taxistas voluntarios para que, enfundados con un chaleco amarillo y colocados nada más salir del hall, informen a los viajeros de quienes son los piratas y qué hacen, así como de todas las posibilidades de transporte que existen.

La iniciativa, cuenta el portavoz de Elite Taxi Costa del Sol, Guillermo Díaz, se ha extrapolado del aeropuerto de Barcelona, donde se implementó y “fue todo un éxito”. No se puede saber si aquí irá igual de bien, lo que sí se sabe es que los conductores lo han acogido de muy buen agrado. “De los 2.000 taxistas que hay contando los asalariados ya se han apuntado unos 400. La implicación es total”, relata. “Nuestro cometido será informar. Y la regla número uno, no entrar al juego”, explica Joaquín Díaz, uno de los taxistas que formará parte de la operativa. 

Al margen queda la lucha por la vía convencional. Hasta mayo, en materia de VTC, la Policía Local interpuso 110 denuncias por incumplir la normativa, de las que 98 se produjeron en el aeródromo; de ellas, cuatro fueron por operar sin licencia, lo que conlleva la inmovilización o depósito del vehículo hasta el pago de una sanción de 4.001 euros, según establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Todo, con el objetivo de combatir a los aproximadamente 40 ilegales que se mantienen activos, a los que en momentos puntales se le suman otros diez, según cálculos de Élite, procedentes de lugares como la estación de autobuses o el puerto de Algeciras.

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