El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº12 de Madrid ha desestimado el recurso presentado por una sociedad vinculada a Fenadismer contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid que denegó la concesión de tres nuevas licencias de taxi. Esta sentencia ha sido contundente y ha generado diversas reacciones en el sector del taxi.
La sociedad recurrente, Quijote Primer Centenario Sociedad Cooperativa, presentó el recurso en febrero de 2024, alegando la necesidad de ampliar la flota de taxis en Madrid, especialmente para adaptarlos a personas con movilidad reducida. Sin embargo, el juez consideró que la decisión del Ayuntamiento de rechazar la concesión de estas licencias era conforme a derecho.
El proceso judicial ha contado con la participación de varias asociaciones del sector del taxi, como la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Gremial Madrid, AMT y la Plataforma Caracol, que se han personado como codemandadas en defensa del estatus actual del taxi.
La sentencia también impone costas procesales a la sociedad recurrente y permite la posibilidad de presentar un recurso de apelación en un plazo de quince días.
Este es el primero de los cuatro litigios en los que estas sociedades, que comparten sede con la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), pedían la concesión de tres licencias de taxi en cada caso con el propósito de aumentar la flota bajo el argumento de una carencia de taxis adaptados para personas con movilidad reducida.
Fue en octubre de 2023 cuando estas empresas que habían solicitado licencias de taxi fueron rechazadas por la Dirección General de Gestión y Vigilancia del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Ante esta primera negativa, estas sociedades interpusieron un recurso de reposición, el cual también fue desestimado en diciembre de ese mismo año. Una vez agotada la vía administrativa, decidieron iniciar un proceso judicial en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo y ahora han obtenido la primera de las sentencias.
En concreto, la sentencia conocida hoy, a la que hemos tenido acceso en un primer momento a través de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), presente como codemandada en el procedimiento, trataba sobre la solicitud realizada por la sociedad Quijote Primer Centenario Sociedad Cooperativa, que presentó con su abogado Emilio Domínguez el recurso en febrero de 2024. En este proceso figuraban como codemandados el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, así como las asociaciones FPTM, Gremial Madrid, AMT y la Plataforma Caracol. También intervino en defensa del estatus actual del taxi Héctor García de la Fuente, quien imparte cursos de formación a taxistas en la capital.
El Juzgado considera que la decisión administrativa por la cual se rechazó la concesión de esas licencias es conforme a derecho y, por lo tanto, queda ratificada por el juez. Además, se imponen las costas procesales a la sociedad recurrente. Contra esta decisión cabe recurso de apelación en un plazo de quince días.
El primero de los argumentos utilizados por la sociedad solicitante de licencias es que en 2024 no se cumple con la normativa que establece un porcentaje mínimo de taxis adaptados sobre el total de la flota. “Además de no haber un servicio adecuado”, explican, sostienen que el régimen jurídico del taxi tiene restricciones o limitaciones a la oferta con un número o cupo de licencias que contraviene, según la sociedad demandante, los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos tanto en la norma estatal como en la comunitaria. Indican que la negativa al otorgamiento de nuevas licencias no se ajusta a derecho y supone un perjuicio al interés general y a los derechos de las personas con discapacidad.
Después de intentar sin éxito mediante un alegato hacia la concesión de licencias por silencio administrativo, finalmente se pudo conocer la posición del Ayuntamiento a esta demanda. El Consistorio recuerda en su escrito de contestación que el taxi es una actividad sujeta a una autorización administrativa previa; que es una actividad privada de interés público; que tiene una trascendencia espacial para la colectividad; y que existe un número determinado de licencias que viene fijado por la necesidad y conveniencia del servicio público.
Explica el Ayuntamiento que en Madrid hay actualmente 15.776 licencias de taxi, con lo que se llega a 2,8 licencias por cada 1.000 habitantes, número que excede el cupo legalmente establecido de 2 licencias por cada 1.000 habitantes.
Además, se indica que el Ayuntamiento no denegó la concesión de licencias de taxi simplemente por ese cupo de licencias, sino porque hay una serie de procedimientos establecidos legalmente y la mera solicitud no puede determinar en ningún caso la obtención de la licencia. “La solicitud trata de eludir no sólo los procedimientos legal y reglamentariamente establecidos por la normativa autonómica y municipal de transporte, sino que pretende obtener “de forma antijurídica una ventaja en evidente infracción de los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación y concurrencia”, se explica en la sentencia.
“La pretendida liberalización planteada conllevaría a una sobresaturación de la disponibilidad de vehículos en la vía pública innecesaria y desproporcionada”, defiende el Consistorio, indicando que el cupo de licencias “no genera un aumento de los tiempos de espera ni una merma en la calidad del servicio”.
