La sentencia que dictamina que limitar las VTC en el área metropolitana de Barcelona viola la legislación europea generó el pasado junio un enconado debate sobre cuál es el futuro del taxi y de sus competidores como Cabify o Uber. Y por extensión, sobre cuál es el papel que deben jugar las plataformas de intermediación del servicio como Free Now. Para pasar de las interpretaciones y la discusión a la legalidad y la normativa, el Departament de Territori ha citado este martes al Consell de Taxi, el máximo órgano de representación del sector. Con el objetivo, reza el propio Govern, de «exponer los principios rectores de la futura ley de transporte público con vehículos de hasta nueve plazas».
El futuro de las clásicas
El gremio también espera que Territori mueva ficha respecto a las plataformas de intermediación, a las que consideran operadores de transporte público y no meros mediadores entre un cliente y un servicio, lo que cambia mucho las cosas a nivel legal. En cuanto a las VTC tradicionales, los propietarios de estas autorizaciones llevan ya tiempo alertando sobre su posible desaparición tras las draconianas condiciones impuestas por el último decreto del Govern, aprobado en verano de 2022. Muchos conductores que llevaban años con su vehículo de lujo se han quedado sin poder trabajar, o lo que es peor, saliendo de manera furtiva y jugándose sanciones astronómicas. La razón es que en 2019, muchos de ellos no rellenaron y presentaron la declaración de responsabilidad al considerarla entonces un trámite inocuo que ahora se ha convertido en un documento imprescindible para poder operar.
Todo esto sucede en un momento delicado para el taxi, con una sanción de la Autoritat Catalana de la Competència (Acco) de 123.000 euros a Élite Taxi, la asociación líder del taxi en Catalunya, cuyo portavoz, Tito Álvarez, se ha convertido en la incesante mosca cojonera de todo lo que huela a amenaza para un gremio al que también le falta mucho recorrido en cuando a modernización de sus procesos y prestación del servicio.
