El Tribunal Supremo abre la vía a la nulidad de todas las sanciones por el fotorrojo en Lugo

— 30 noviembre, 2016

Cámaras del fotorrojo de la Ronda da Muralla. SEBAS SENANDE

El alto tribunal dictamina que el sistema debe ser sometido a un control metrológico para ser una prueba válida para la sanción. El Concello no sometió a esta validación el que funciona en la Ronda da Muralla, que lleva 1.667 denuncias en lo que va de año.

El Tribunal Supremo acaba de abrir la vía a la nulidad de todas las sanciones de tráfico impuestas en base a las imágenes del fotorrojo, el sistema de cámaras que controla si un vehículo se ha saltado en rojo un semáforo. Este sistema está instalado en Lugo en el cruce de semáforos de la Ronda da Muralla situado junto a la gasolinera Martínez, en la puerta de Bispo Odoario. Según los datos facilitados por el propio Concello, en lo que va de año se han puesto 1.667 denuncias en base a este sistema.

El dictamen del Supremo parte de un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de San Sebastián contra la resolución de uno de los juzgados contencioso-administrativos de esa provincia, que anuló varias multas al considerar que el sistema fotorrojo sí hace mediciones, ya que «emplea un parámetro sujeto a medición, en concreto el lapso de tiempo en que está el semáforo en fase rojo».

Los radares fijos de la Ronda también pasaron más de un mes sin control

Según informaron a El Progreso diversas fuentes, los dos radares fijos que se encuentran situados en la Ronda da Muralla -uno a la altura de la sede de la Xunta y otro, frente a Porta Miñá- también han pasado más de un mes sin pasar el pertinente control metrológico anual. Ese control suele pasarse cada año en septiembre o principios de octubre, pero los responsables de solicitarlo no lo hicieron hasta bien entrado este mes. Esto puede poner en cuestión, según las mismas fuentes, todas las multas impuestas en ese periodo basadas en estos dos radares.

Otro aspecto que tampoco está claro, aunque no está establecido el alcance que pueda tener, es el proceso seguido en la Unidad de Sanciones para la instrucción de los expedientes sancionadores y su verificación. El problema parece residir en que en estos momentos quien se encarga de la instrucción es un policía local, y no un funcionario técnico de la administración general, como es preceptivo.

Fuente: El Progreso