El Tribunal Supremo puede darle la puntilla al sector del taxi en Madrid si finalmente da vía libre este año a más de 3.000 autorizaciones VTC (alquiler de vehículos con conductor), paralizadas actualmente a la espera de la decisión del alto tribunal. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Transportes, está presentando recursos de casación para que el Supremo unifique doctrina, ya que por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) está fallando a favor de las empresas que las solicitaron y tribunales de otras comunidades, en contra.

Actualmente, hay en Madrid 1.964 licencias VTC, las que usan conductores ‘rivales’ del sector del taxi que trabajan para plataformas como Uber o Cabify. El Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes no concede ya, salvo sentencia que le obligue, nuevas autorizaciones, «al existir una situación de desequilibrio» entre el número de VTC y taxistas. Desde julio de 2013, la ley marca un ratio de una VTC por cada 30 licencias de taxi. Como hay 15.776 taxistas, debería haber 525 VTC (y hay 1.964). «El ratio actual es de 1,85 VTC por cada 30 taxis, muy por encima de lo permitido», señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.

La culpa la tiene la ley Ónmibus, que en diciembre de 2009 liberalizó el sector. Hasta 2009, solo los chóferes con limusina utilizaban esas autorizaciones, ya que otra ley muy anterior de 1987 establecía esa relación 1:30. Pero con la ley Ómnibus del Gobierno socialista de Zapatero todo cambió y se abrió el mercado. La irrupción de Uber y Cabify y la presión del sector del taxi provocaron que en julio de 2013 el Ejecutivo de Rajoy modificara la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) para volver a fijar esa limitación de una VTC por cada 30 taxis, una modificación que fue completada en noviembre de 2015 con el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, o ROTT.

«El punto de inflexión es julio de 2013», señala Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, que asegura que en esa fecha se vuelve a establecer la limilitación de 1:30. «Pero el TSJM entiende que no, que es en noviembre de 2015 con el ROTT. En contra por ejemplo de lo que están fallando otros TSJ como el de Asturias o Navarra, que entienden que la ley de julio de 2013 ya legitima la limitación 1:30. En esas comunidades, los tribunales están desestimando los recursos presentados por los solicitantes de VTC a los que no se concedió la licencia porque la tramitaron con posterioridad a julio de 2013″.

Sanz asegura que su federación se está sumando a los recursos de casación que está presentando la Comunidad de Madrid y que se está preparando una gran convención nacional del sector del taxi en marzo para tratar un problema que les puede ahogar. En España hay 66.978 licencias de taxi y 5.296 autorizaciones de VTC (a 1 de febrero de 2017). Los taxistas madrileños también preparan una gran manifestación en la plaza madrileña de Cibeles el 16 de marzo.

Todas las asociaciones del taxi tienen miedo a que el Supremo falle a favor de las empresas que solicitaron las autorizaciones VTC, lo que supondría poner en las calles de Madrid más de 3.000 nuevos vehículos que se sumarían a los 1.900 que ya hay, un duro golpe al sector del taxi. «Un sector que ya está en precrisis», señalan desde la Dirección General de Transportes. Las VTC no pueden captar al cliente, como hace un taxi. Tienen una ruta asignada tras la contratación del servicio. Los taxistas les apodan ‘las cucarachas’, ya que los vehículos con licencia VTC suelen ser negros. Todos deben tener menos de nueve plazas y llevar visible la autorización (una pegatina de la bandera de la comunidad).

Las 3.000 nuevas licencias también supondrán mucho dinero en movimiento. Cuando se solicitaron, el trámite costaba una tasa de 36 euros. Ahora se están vendiendo en la calle a un precio medio de 41.000 euros (coche aparte), lo que se traduce en 123 millones de euros. El solicitante, si finalmente el Supremo autoriza su licencia, podrá revenderla o pasar a ser conductor de Uber o Cabify, empresas que compiten de manera feroz por hacerse con el pastel de las VTC.

Protestas de taxistas en Madrid en febrero de 2016. (Reuters)

La Dirección General de Transportes ha decidido aumentar la plantilla de inspectores (cuatro más este año) para incrementar las inspecciones a vehículos y empresas, una labor con la que colaboran con la Policía Municipal y Guardia Civil. El año pasado se realizaron 9.000 inspecciones tanto a taxistas como a vehículos VTC para combatir el intrusismo, que acabaron con 881 denuncias. Unauto VTC Madrid, que aglutina a 80 empresas del sector, denuncia el «exceso de celo de los servicios de Inspección de la Comunidad de Madrid».

«Estas inspecciones, en lugares de gran afluencia y mal enfocadas, no contribuyen a combatir el intrusismo en ambos sectores, taxi y VTC. El abuso policial al que estamos sometidos, unido al excesivo tiempo para comprobar la documentación, haciendo esperar a los clientes, las sistemáticas inspecciones, hasta seis controles diarios al mismo vehículo, con la presencia de taxistas grabando en vídeo las actuaciones… son solo algunos ejemplos de una situación de acoso intolerable», señala Unauto.

Fuente: El Confidencial