La sentencia avala la orden de la Diputación de Gipuzkoa de 2017, que denegó los permisos a la empresa Ares Capital por incumplir varios requisitos legales

Nuevo capítulo en la disputa administrativa y judicial por la concesión de las licencias de vehículos con conductor (VTC) tipo Uber y Cabify en Gipuzkoa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de dictar sentencia, y esta vez no es para avalar la llegada de empresas que en su día solicitaron los permisos y que les fueron denegados por la Administración, como ha ocurrido recientemente con cinco permisos en Gipuzkoa y hasta 200 en Bizkaia, que han recibido la luz verde. Al contrario, la sentencia del TSJPV, a la que ha tenido acceso este periódico, echa por tierra las pretensiones de Ares Capital S.A., que optaba a la concesión de 60 licencias de VTC para operar en Gipuzkoa.

La Justicia, que en prácticamente todas las resoluciones emitidas sobre esta cuestión, está dando la razón a las empresas solicitantes de las licencias VTC, no ha cambiado de criterio, sino que se ha pronunciado sobre cómo se tramitaron esos permisos en Gipuzkoa y finalmente observa, como denunció el sector del taxi tradicional, que la tramitación no cumplió con los requisitos exigidos, por lo que desestima el recurso de la citada empresa, con sede en Madrid, que podrá recurrir al Tribunal Supremo.

Hay que remontarse a agosto de 2012 para encontrar el origen del conflicto administrativo, en el que están implicados la Diputación de Gipuzkoa, la empresa Ares Capital S.A. y el sector tradicional del taxi, en este caso, la Federación Vasca del Taxi, la Asociación Guipuzcoana del Taxi y Vallina Hermanos S.A. que han estado representados por el despacho Arruti y Antunez Abogados. En esa fecha, la empresa madrileña presentó la solicitud de 60 licencias de vehículos con conductor (VTC) para operar en Gipuzkoa. Por entonces, la normativa permitió un vacío legal que, entre los años 2009 y 2015, liberalizó el sector y eliminó el límite de estas licencias, lo que provocó un aluvión de solicitudes por toda España.

La mayoría de las administraciones públicas rechazaron las concesiones, y las empresas recurrieron a la Justicia. En el caso de Ares Capital, primero presentaron un recurso de alzada que fue echado por tierra mediante una orden foral en abril de 2013. Finalmente, presentaron un recurso ante el TSJPV que les dio la razón. La Diputación tuvo que iniciar la tramitación de esas 60 licencias.

Fuera de plazo

Ahí volvió a enredarse el caso. El proceso administrativo no se completó según la legalidad. Fueron la Federación Vasca del Taxi, la Asociación Guipuzcoana del Taxi y Vallina Hermanos S.A., vigilantes del cumplimiento de todos los requisitos, quienes levantaron la voz ante las primeras evidencias de que el procedimiento no estaba discurriendo por los cauces establecidos. Las tres entidades representantes del sector del taxi tradicional presentaron un recurso de alzada ante la Diputación, que se estimó en su mayor parte el año pasado. Este movimiento paralizó la concesión de las licencias a Ares Capital S.A.

El Departamento de Movilidad, que dirige la socialista Marisol Garmendia, confirmó que se habían incumplido de forma «reiterada» el plazo legalmente establecido para que la empresa aportara la documentación solicitada. Además también se confirmó que nueve de los vehículos para los que se solicitaba la licencia VTC ya contaban con esa autorización en Málaga.

En consecuencia, la Diputación tuvo que dar marcha atrás y paralizar la tramitación de las sesenta licencias, mediante una orden foral publicada en enero del año pasado. Aquella decisión, contraria a los intereses del solicitante de los permisos, fue recurrida ante el TSJPV por Ares Capital, cuya resolución ha sido conocida esta semana. La empresa puede interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Diario Vasco