Uber consigue aliados en su lucha contra el taxi
— 28 abril, 2016Las nuevas formas de economía colaborativa avanzan imparables en un sector, como el del taxi, reacio a la eliminación de barreras normativas.
La masificación del llamado Internet de las cosas está generando nuevas formas de interacción comercial entre individuos; la llamada economía colaborativa o consumo colaborativo, que también ha llegado al sector del transporte urbano de pasajeros. El carpooling (uso compartido de vehículo) o el carsharing (alquiler de vehículos entre particulares), son figuras que se desarrollan a través de plataformas digitales, algunas de ellas tan conocidas como polémicas. Buenos ejemplos de ello son las aplicaciones BlaBlaCar o Uber.
Estos nuevos modelos de negocio surgen desde la Red sin demasiada consideración del marco legal y colisionan con formas tradicionales fuertemente reguladas como el taxi o el servicio de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC). Nos encontramos ante dos conceptos contrapuestos, siendo innegablemente las nuevas plataformas que operan Internet más flexibles y ágiles que el negocio tradicional. Pero no todo vale. Hay que respetar las reglas del juego al igual que el resto de agentes del mercado y no infringir las normas de competencia, cuestión que no está siendo demasiado pacífica.
En lo que respecta al carpooling (BlaBlaCar) encontramos su cabida dentro de nuestro marco legal con matices. Estamos ante lo que la legislación considera «transporte privado particular» por reunir dos elementos esenciales: el transporte trata de satisfacer necesidades estrictamente particulares y no concurre el factor «retributivo». Por lo tanto, sin perjuicio de poder ampliar este debate, no existiría la necesidad de regular una red privada de usuarios que se conciertan para compartir gastos, otra cosa es ese factor retributivo que si se esta empezando a dar.
Cuestión distinta es el caso Uber. En 2014 la start up americana lanzó en España la aplicación UberPOP, permitiendo a cualquier usuario particular «ejercer de taxista» con su propio vehículo privado, sin licencia o autorización de transporte alguna y cobrando unas tarifas por minuto y kilómetro propias de un profesional. Esta plataforma desató la ira del sector del taxi que logró la suspensión judicial cautelar del negocio en base a un aparente supuesto de competencia desleal. Uber aprendió la lección. Tras su fracaso inicial ha trabajado hasta el reciente lanzamiento de UberX, un servicio que opera bajo el modelo VTC, contando con una flota de vehículos propios y sus correspondientes conductores profesionales, cumpliendo así con los requisitos exigidos por la nueva regulación.
Dicha nueva regulación surge del Real Decreto 1057/2015 publicado a finales del año pasado (llamado ley antiUber) que modificaba la normativa imponiendo limitaciones al otorgamiento de licencias VTC (una por cada 30 taxis) e incrementando los requisitos exigibles para las compañías solicitantes de dichas licencias (disponer de un número determinado de vehículos, características específicas de los mismos, horarios restringidos, etc.). Por tanto, aunque Uber cumpla ahora con los requisitos exigidos para cualquier operador VTC, se sigue enfrentando a una legislación restrictiva que dificulta su penetración en el mercado.
La batalla parecía inclinarse ligeramente a favor del sector del taxi. Sin embargo, la polémica se ha recrudecido con la entrada en escena, sospechosamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha publicado recientemente un estudio sobre las formas de economía colaborativa en el mercado del transporte de viajeros. El estudio concluye que la normativa vigente impone barreras de entrada no justificadas, que no favorecen a los consumidores y al mercado en general. En base a ello, la CNMC ha decidido recurrir el decreto Uber.
Ahora bien, una total desregulación podría llegar a ser contraproducente, ya que la organización del sector de los transportes urbanos de viajeros debe basarse en un sistema que garantice la sostenibilidad de las ciudades. La completa eliminación de requisitos para desarrollar la actividad podría producir el colapso de las urbes como consecuencia de la entrada masiva de taxistas privados.
No olvidemos que muchos taxistas han pagado cantidades elevadas por adquirir la preceptiva licencia y que son ellos los que si pagan sus respectivos impuestos, seguros…muy al contrario que en los citados casos.