La plataforma Uber ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra el decreto aprobado por el Govern balear que regula la actividad de taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC) en el archipiélago.La normativa, impulsada en febrero por la Conselleria de Movilidad, desarrolla por primera vez el marco de la Ley de Transportes Terrestres de Baleares y establece un sistema de control del número de licencias basado en criterios objetivos como la congestión del tráfico o la calidad del aire.Desde el Ejecutivo autonómico señalan que la decisión de Uber “era previsible”, en un contexto marcado por la creciente judicialización del sector. No obstante, el Govern asegura que aún no dispone del contenido detallado de la demanda, por lo que evitará pronunciarse en profundidad hasta conocer los argumentos de la compañía.El decreto nace con la intención de ordenar un mercado tensionado tras el aluvión de solicitudes registrado en 2023, cuando se superaron las 10.000 peticiones de nuevas licencias frente a las cerca de 3.000 existentes en la actualidad. Según el Govern, asumir ese volumen sería inviable en un territorio insular con recursos limitados y alta presión turística.Entre las principales medidas, la norma fija límites a nuevas autorizaciones en función de indicadores medioambientales y de tráfico, introduce exigencias ecológicas para la flota —priorizando vehículos ECO y cero emisiones— y refuerza el control sobre el intrusismo. También mantiene la obligación de contratación previa en el caso de las VTC, sin imponer un tiempo mínimo.El Govern defiende que el decreto busca garantizar la sostenibilidad, la seguridad jurídica y el equilibrio del sistema de transporte, tanto para residentes como para visitantes. Mientras tanto, el recurso de Uber añade incertidumbre a un sector clave donde taxis y VTC continúan enfrentados por el modelo de movilidad.
Fuente | diariodemallorca.es
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