La conclusión de un nuevo informe encargado por la Comisión Europea a una consultora externa para analizar la situación del sector del transporte urbano en los 28 estados miembros, deja a España en una de las peores posiciones respecto a la regulación del sector tradicional del taxi y los nuevos servicios como Uber, Blablacar o Cabify. En un borrador de 34 páginas, al que ha tenido acceso Teknautas por diversas fuentes europeas, España queda retratada como uno de los países con regulaciones más estrictas, algo que, argumenta, acaba matando la libre competencia y perjudicando al consumidor.
Las conclusiones del borrador, cuya redacción final podría variar ligeramente, son contundentes. «El mercado español del transporte está fuertemente regulado con importantes barreras de entrada. Tanto el sector del taxi como el de alquiler de coches con conductor [VTC] están regulados a nivel nacional y local con requerimientos aún más estrictos. El número de licencias de taxi no ha cambiado de forma significativa durante los últimos 15 años. No hay ninguna reforma de la ley a la vista, pero la realizada en 2015 ha introducido restricciones al alquiler de coche sin conductor. Las barreras a la entrada en el mercado de VTCs evitan la creación de competencia y de alternativas al taxi».
VTCs: «una regulación absurda»
De momento cada país de la Unión está aplicando sus propias leyes y Bruselas solo se pronuncia en casos concretos, como el que se dirime ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante el cual la Comisión ya avanzó que considera a Uber en España «no solo un servicio de la sociedad de la información». Es decir, presta también en parte un servicio de transporte.
«El alquiler de coches con conductor está regulado a nivel nacional aunque son las autoridades regionales las que aseguran su cumplimiento». Con esta frase el informe introduce la interminable lista de requisitos técnicos, cuantitativos, laborales, organizativos y de derechos de pasajeros con los que tienen que cumplir las compañías de licencias VTC como Uber o Cabify.
Un ejemplo: «los vehículos VTC no pueden tener más de 9 plazas (incluida la del conductor), necesitan un motor de más de 12 caballos fiscales, una longitud exterior mínima o superior a 6,6 metros, no más de 10 años de antigüedad y no pueden ser identificados externamente de forma que se confundan con un taxi». Y otro: «Los gobiernos regionales pueden imponer especificaciones adicionales a los vehículos a usar, como es el caso de las Islas Canarias, que también pide que los vehículos sean modelos de lujo con una prueba de factura de al menos entre 50.000 y 62.000 euros de coste. […] En algunas ciudades como Barcelona, los requerimientos locales son tan exigentes que no se emite ninguna licencia VTC, lo que hace imposible empezar una actividad rentable».
Los taxis son muy caros debido a las elevadas tarifas impuestas por la administración, lo que se traduce en una baja ocupación de los vehículos
El taxi: precios protegidos
«Los taxis son muy caros debido a las elevadas tarifas impuestas por la administración, lo que se traduce en una baja ocupación de los vehículos (los taxis van vacíos en más del 60% de las ocasiones). De hecho, menos del 30% de los ciudadanos españoles puede permitirse usar un taxi más de una vez al mes», señala el documento. A la regulación de precios hay que añadir todos los procedimientos (y coste) para obtener una licencia, los requerimientos técnicos de los vehículos, organizacionales en la prestación del servicio, laborales… etc. Nada se escapa a la prohibición o visto bueno de la administración.
El limbo legal de Blablacar
Frente a la hiperregulación de los servicios VTC y del taxi tradicional, contrasta el limbo legal en el que se mueven los servicios para compartir coche como Blablacar, Avancar, ClickCar, Ibilek o Respiro. Cuando el servicio de ‘carsharing’ es equivalente al alquiler de coches sin conductor, entonces las empresas se rigen por las leyes de transporte (la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres o LOTT). Pero en el caso de las plataformas para compartir viajes y coche entre particulares, llega el problema.
Las grandes plataformas como Blablacar viven en un limbo legal entre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la LOTT. Este es precisamente uno de los puntos clave que el magistrado titular del Juzgado Mercantil Nº 2 de Madrid tendrá que decidir en su próxima sentencia, en la que se establecerá si Blablacar puede continuar operando o no en España como hasta ahora.
Fuente: El Confidencial
