El TSJC anula seis sanciones por cesión ilegal de trabajadores al considerar que la Administración catalana superó en 17 días el plazo legal para notificar los expedientes
Cabify y tres empresas vinculadas a su operativa de VTC han quedado exentas de pagar un total de 547.520 euros en multas impuestas por la Generalitat de Catalunya por una supuesta cesión ilegal de trabajadores. El motivo no ha sido que los tribunales hayan descartado la infracción, sino un error en la tramitación administrativa.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado los recursos presentados por las compañías y ha anulado seis actas de sanción que la Inspección de Trabajo había notificado en 2021. El tribunal considera que la Administración catalana superó en 17 días el plazo legal establecido para comunicar los expedientes, lo que provoca que las sanciones queden sin efecto.
Los hechos se remontan a una investigación iniciada por la Inspección de Trabajo en marzo de 2020 en el aeropuerto de El Prat. Los inspectores analizaron el funcionamiento del modelo de Cabify y su relación con las empresas que aportaban los conductores.
Según la investigación, Cabify aportaba los clientes y el algoritmo, mientras que las empresas de flotas se encargaban de proporcionar a los conductores. La Inspección consideró que este sistema podía constituir una cesión ilegal de trabajadores, una infracción considerada muy grave.
Las sanciones anuladas afectan a dos actas de Cabify, por 143.754 y 100.006 euros; otra de 143.754 euros correspondiente a López Rubio Grand Class; una de 100.006 euros para Proinvertia Madrid; y dos más contra JT Hiring, por 25.000 y 35.000 euros. En conjunto, alcanzaban los 547.520 euros.
El TSJC, sin embargo, no entra a determinar si existió o no la cesión ilegal de trabajadores. La decisión se fundamenta exclusivamente en el incumplimiento de los plazos administrativos. Es decir, las empresas han conseguido que las sanciones sean anuladas por un defecto formal en la tramitación y no porque el tribunal haya avalado su modelo laboral.
La resolución supone un nuevo revés para la Generalitat en su actuación sobre el sector de las VTC. La Conselleria d’Empresa i Treball está estudiando ahora la sentencia y todavía no ha decidido si recurrirá ante el Tribunal Supremo, por lo que el asunto podría continuar en los tribunales.
El caso recuerda a la sanción de 735.000 euros anunciada en 2021 contra Cabify, dos empresas subcontratadas y una ETT por una investigación relacionada con la cesión ilegal de trabajadores. En aquel procedimiento, la Inspección consideró que 120 trabajadores estaban siendo contratados mediante empresas intermediarias y sometidos a condiciones laborales inferiores a las que tendrían si fueran empleados directamente por Cabify.
Así, el fondo del modelo de contratación vuelve a quedar abierto, mientras el error administrativo de la Generalitat permite, por ahora, dejar sin efecto unas sanciones que superaban el medio millón de euros.
Fuente | elperiodico.com
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