Joan Barreras, socio de ATC

En España la desregularización de los servicios públicos de transporte y su dejación en manos de conglomerados financieros internacionales (con marcas comerciales conocidas, pero con sedes fiscales en paraísos fiscales) siempre han tenido un defensor influyente: la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia).

La CNMC, el intrusismo y el taxi

La CNMC entró en funcionamiento en octubre del 2013. Desde entonces su actividad en pro de la desregularización y de lo que se conoce como “economía colaborativa” (EC) ha sido incesante. María Sobrino, subdirectora del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC decía —en un seminario organizado por plataformas de EC— que “el taxi es un monopolio” (el mundo al revés: un funcionario público defendiendo a aquellos intereses privados que son los que realmente quieren convertir el transporte público en su monopolio) y que “hay que iniciar un proceso de liberalización del sector” (El Confidencial 29-3-2016).

Por su parte, Marín Quemada, el presidente de la CNMC, nunca pierde la ocasión de proclamar su adhesión a esa forma moderna de economía sumergida llamada “economía colaborativa”: ya en julio de 2014, en un seminario de la Universidad Menéndez Pelayo, abogó por legalizar ese tipo de iniciativas (UberPop, AirBNB, Deliveroo, etc.) y valoró muy positivamente los “efectos beneficiosos que tendrían para la economía y la competencia” (la intervención de Marín Quemada puede ser consultada en los archivos digitales de la propia CNMC: blog.cnmc.es).

El presidente de la CNMC (que gusta de ser considerado como un “regulador” objetivo y un abanderado de la innovación y la competitividad) en su lucha contra el taxi también se complace en explotar su faceta de gurú visionario y, así, se permite declaraciones como: “Vamos a ser la última generación que levante la mano para parar un coche por la calle” y añade que “las nuevas plataformas de vehículos VTC no deben prohibirse, sino que el sector del taxi debe adaptarse y la regulación modificarse para que cumplan con sus obligaciones” (ABC 26-6-2017)

En diciembre de 2017, como todo el mundo sabe, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que Uber es una empresa de transporte y debe ser tratada como tal. Sin embargo, parece que esta sentencia no ha tenido ningún efecto en los dirigentes de la CNMC: ni a la señora Sobrino (a la que los gerentes de esas plataformas llaman “el ángel de la guarda de la economía colaborativa”), ni al señor Marín Quemada se les conoce ninguna rectificación o un reconocimiento público de esa sentencia. Sólo la lacónica advertencia de Marín Quemada de que “prohibir Uber es una herramienta excesivamente fácil y que requiere especial cuidado”.

De todas maneras, hay reconocer que, aparte de dejar en evidencia la debilidad argumental de la CNMC en su defensa de Uber, Airbnb y otras plataformas de “economía colaborativa”, ni la CNMC, ni las iniciativas que quieren practicar el intrusismo en el sector del taxi en España han quedado muy afectadas por lo dictaminado por el TJUE. En primer lugar, porque esa sentencia (aun siendo muy importante para el taxi europeo) ha evidenciado —negro sobre blanco— algo que todos sabíamos: una empresa es una empresa y no una organización sin ánimo de lucro y como tal debe ser tratada. Y, en segundo lugar, y eso es lo más importante, porque estas iniciativas tienen en España un espacio alegal (es decir, que, no siendo legal, todavía no es considerado como abiertamente ilegal) donde cobijarse y afianzarse: la compra-venta (especulación) de autorizaciones VTC y su fraudulenta utilización como taxis (aunque, y eso también lo sabe todo el mundo, un coche con una app de captación y unas tarifas no reguladas y que varían según la oferta y la demanda no es un taxi, sino un intruso, un black cab, como lo llaman en inglés).

La CNMC: “Sostenerla y no enmendarla”

Es una expresión del castellano antiguo que se refiere al empecinamiento por mantenerse en una posición aún a sabiendas de que es un error o del daño que pueda provocar. Creo que esa frase expresa claramente la actitud y la actividad de la CNMC, que, aún sin abandonar sus alegatos en pro de la “economía colaborativa”, actualmente centra su defensa del intrusismo en el taxi y su desregularización en ese uso engañoso de las VTC que hemos señalado antes. Ha variado ligeramente de ruta, no de destino: “sostenerla y no enmendarla”.

Veamos un par de ejemplos recientes: “La economía colaborativa no se puede ni debe parar (…) los negocios tradicionales deben adaptarse a la entrada de los nuevos competidores porque si no se van a quedar fuera del mercado», declaró Marín Quemada en un seminario (El País 15-2-2018). Unos días antes, la CNMC había publicado una serie de seis informes en los que defendía el derecho de esas plataformas, que denominan muy pomposamente “de transporte de viajeros con licencia VTC”, a circular por el carril-bus de las ciudades, las zonas de acceso restringido y a estacionar en las mismas condiciones que los taxistas”, justificando esa demanda con el falaz argumento de que «la actividad de VTC es de naturaleza similar a la de taxi” (El País 9-2-2018).

No obstante, la guinda que corona la actuación de la CNMC en contra de los servicios públicos en nombre de una supuesta mejora de la economía y de la creación de empleo es la demanda que en abril de 2016 presentó ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Fomento y el ROTT (especialmente contra las normas que fijan el 1/30, que limitan la transmisión de autorizaciones VTC y que determinan un control de la Administración sobre la actividad de estas). Varias organizaciones estatales del taxi se han presentado a ese juicio como codemandados en defensa del taxi. Escribo este artículo antes de la celebración de este juicio (previsto para el 17 de abril), espero que el resultado de este sea favorable al ROTT, al 1/30 y al mantenimiento del taxi como servicio público.

La CNMC: un caballo de Troya

De lo expuesto hasta ahora y de la actividad desarrollada por la CNMC alguien podría pensar que se trata de una fundación privada o de un centro de estudios (ahora lo llaman think thank) defensor del pensamiento y las prácticas neoliberales. Sin embargo, como se sabe, la CNMC es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía que funciona y que se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado. De ello se deduce que los que en ella trabajan (incluido su presidente) son funcionarios públicos o, al menos, tienen unas condiciones laborales parecidas. También se deduce que sus gastos (incluidos la contratación de abogados para interponer demandas, por ejemplo, la de Fomento a la que antes me refería, y también las costas que estos juicios implican) son financiados por el Estado, es decir, por la ciudadanía a través de los impuestos y contribuciones. He aquí, pues, la paradoja de paradojas: los ciudadanos tenemos y pagamos en España un organismo público que defiende la liberalización de los servicios públicos en lugar de protegerlos y velar por su mejora y desarrollo, como cabalmente debería ser la obligación de todo organismo público.

Los equipos gerenciales de esas marcas que practican el intrusismo y los responsables de los capitales especulativos que las sostienen deben de sonreír satisfechos en sus despachos: ¿para qué regular los lobbies en España si ya disponen de un organismo público que cuida puntualmente y con escrupuloso rigor de sus intereses? La CNMC actúa como su Caballo de Troya particular.

La película: proteger el mercado, la competencia y los derechos del consumidor

Alguien pensará que padezco de una insana alergia al libre mercado y a todos los parabienes y progresos que éste conlleva. Tal vez esté en lo cierto quien piense así. Estoy abierto a que se me convenza de que eso que llamamos “Mercado” necesite una especial protección.

¿Acaso estamos en una sociedad gobernada por fieros filocomunistas donde la iniciativa privada está perseguida o deba ser protegida de las fauces de un Estado que quiere comérselo y controlarlo todo? ¿Acaso las mutuas y compañías privadas de servicios médicos necesitan de una especial protección frente a los servicios públicos de salud? ¿Acaso las compañías de seguros necesitan protegerse y salvaguardarse de la voracidad estatalista de la Tesorería de la Seguridad Social (a la cual, por cierto, el propio Gobierno ha desvalijado por completo su famosa hucha de las pensiones)? ¿Acaso las escuelas y las universidades privadas necesitan de tutela especial frente a la, cada vez más depauperada y exhausta, universidad pública?¿Quién se come a quién en ese juego —más bien batalla sin cuartel— entre los intereses privados y el interés público y ciudadano? ¿Quién necesita ser realmente protegido?

Está usted muy equivocado, Joan, se me dirá. La CNMC no tiene nada que ver con todo esto. El objetivo de la CNMC (tal y como se expone en su web: www.cnmc.es) es: “garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores”. Pero esta declaración, aparentemente inocua y llena de buenas intenciones, no es más que juego del lenguaje, porque al hablar de “mercado” y de “competencia” no se refiere a aquello que, por sentido común, entendemos la gente de a pie, es decir, que es bueno que haya varias fruterías (o fontaneros o gabinetes jurídicos o restaurantes o aseguradoras o talleres mecánicos o…) a las que podamos ir para adquirir productos o servicios adecuados a nuestros intereses y disponibilidad económica. Esos no son ni el mercado ni la competencia a los que se refiere la CNMC.

El Mercado que defiende la CNMC es el ámbito de actuación (al cual no tenemos acceso la mayor parte de la ciudadanía) de las grandes compañías multinacionales, el de las entidades bancarias convertidas en conglomerados financieros globales, el de los opacos grupos de especulación económica que, de un lado a otro del mundo y parapetados tras “marcas comerciales” (como es el caso de Uber o Cabify) para dar credibilidad a una aparente oferta diversificada, buscan el mejor lugar para invertir/desinvertir (sea en los servicios inmobiliarios, en los del transporte público, en el turismo o en la producción agropecuaria) vampirizando y eliminando la producción y los servicios públicos locales.

El Mercado que defiende la CNMC es su mercado, no el nuestro. En el sector del taxi, por ejemplo, ¿es cierto que la proliferación de agencias de seguros, de entidades bancarias o de compañías telefónicas han supuesto unos mejores y más baratos seguros del coche o hipotecas y préstamos más asequibles o una clara mejora de los servicios/facturas del teléfono? La libertad de mercado que defiende la CNMC es el de una Ley del Mercado que está por encima del resto de leyes que regulan la vida social y económica de nuestra sociedad. Se trata de un Mercado que se convierte, desde la perspectiva del neoliberalismo, en el máximo regulador social: es lo natural, la Ley que debe de estar por encima de cualquier otra ley, de cualquier otra convención o acuerdo público.

Y cuando la CNMC saca a relucir la figura del consumidor, al cual dice defender, no es más que para poner de manifiesto que se trata de un ciudadano reducido a consumidor. Para la CNMC no existe el ciudadano, sólo el consumidor: un ser cuyo único derecho (y a la vez obligación) es consumir. Un consumidor que lo es porque está sometido a una constante variedad de marcas y de ofertas de lanzamiento a las cuales debe responder (cambiando de una compañía a otra: en eso consiste su libertad) y que sirven para alimentarle la fantasía de que elige libremente y de que, encima, ha sido el más espabilado y el mejor negociador al haber dado con un producto o servicio mejor y más barato que el de su vecino o su compañero de trabajo.

Alguien podría decirme: “No haga demagogia, puesto que la CNMC no sólo denuncia el 1/30 y apoya el intrusismo, sino que también pone multas a las malas prácticas empresariales”. Por ejemplo, sancionó a los bancos con 45,4 millones a raíz de la estafa las preferentes. Pero eso, respondería yo si fuera el caso, no es sino —como decimos en catalán— el xocolata del lloro: si comparamos esa multa con los ingentes beneficios que se embolsaron esas entidades y la ruina que provocaron en decenas de miles de pequeños ahorradores, de esos consumidores a los que la CNMC dice defender. Esas multas son cosquillas para los bancos. Un detalle: entre los bancos multados no estuvo la CAM, una de las entidades más pringadas y cuyas preferentes fueron diseñadas por Luis de Guindos cuando era ejecutivo de Lehman Brothers (el banco líder de las subprime que, con su quiebra, en 2008, provocó una enorme crisis financiera mundial) y antes de ser nombrado ministro de Economía y, en consecuencia, jefe de Marín Quemada (El Confidencial 20-1-2018).

Tampoco, hasta donde yo sé, la CNMC ha manifestado ninguna opinión contraria a las enormes sumas de dinero público que se han dedicado a reflotar el negocio bancario (con especial atención a Bankia) y que nunca serán devueltas al erario público. ¿Acaso ese asunto no tiene ninguna relación con la competencia y con la transparencia de los mercados?

Otro detalle no menos importante: en un informe (emitido en junio del 2017), la CNMC explica que desde 2014 ha impuesto un total 272 multas a empresas diversas por valor de 914 millones, de las cuales ha recaudado un 3% (Europa Press 4-6-2017). Según se ve, la eficacia y rapidez con la que actúa contra el taxi o en favor de AirBNB e iniciativas similares al recurrir los decretos de regulación de pisos turísticos de Galicia y Castilla-León (Diario Vasco, 7-9-2017) no es la misma que la empleada en la imposición y cobro de sanciones.

De zorras y lobos

Al empecinamiento de la CNMC contra el taxi como servicio público y a su pertinaz defensa de esa economía de filibusteros de guante blanco y corbata sintética disfrazada de “economía colaborativa” se le ha juntado ahora la última ofensiva mediática y publicitaria de Uber y Cabify, coincidente con el juicio por la demanda de la CNMC y la próxima aprobación de la Licencia Municipal en la AMB.

Me refiero al aluvión de declaraciones a los medios de comunicación relativas al aumento de sus flotas y a la ocupación de los centros de la ciudad con imponentes carteles que incluyen mensajes —con formato de tuit: son así de modernetes— dirigidos a las autoridades locales (incluso nombrándolas por su nombre de pila: es el caso de Madrid) y ofreciéndose, con una fraseología cursi y almibarada a más no poder, a colaborar en la mejora de la ciudad.

Para describir ambos casos, los dichos y cuentos populares tienen los recursos adecuados: el papel que juega la CNMC queda puesto en evidencia en esa zorra a la que se le encomienda el cuidado del gallinero. Y para ese mensaje publicitario de Uber no se me ocurre mejor metáfora que la del lobo (del popular cuento de los Grimm) que, para que las cabritillas le abran la puerta de su casa, haciéndose pasar por su madre, se blanquea la pata con harina blanca.

Cuidémonos de ambos.

Revista YOTAXI Barcelona