Unidas Podemos y el sector del taxi han recurrido al Tribunal Constitucional la ley que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la Comunidad de Madrid, aprobada el pasado mes de junio en la asamblea regional.

GRAF957. MADRID, 02/08/2018.- Vuelta a la normalidad en el centro de Madrid tras los tres días de paros y protestas que ha mantenido el sector del taxi, desde primera hora de la mañana la circulación ha sido fluida y ya se ha podido observar una afluencia normalizada de taxistas en la capital. EFE/ Emilio Naranjo

Unidas Podemos y el sector del taxi han recurrido al Tribunal Constitucional la ley que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la Comunidad de Madrid, aprobada el pasado mes de junio en la asamblea regional.

En declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados, el diputado de la formación morada, Rafa Mayoral, ha explicado que la Comunidad de Madrid no tiene «ninguna competencia para conceder autorizaciones», un trámite que corresponde a los municipios.

«Ha pisoteado las competencias municipales y se las ha pasado por donde ha querido», ha denunciado Mayoral.

Además, considera que la norma supone una «gravísima violación de la autonomía local y de las competencias de los ayuntamientos», que protege los intereses de compañías transnacionales que tienen su sede en paraísos fiscales.

Con esta ley, aprobada a principios de junio con la oposición generalizada del sector del taxi, Mayoral ha acusado al Gobierno regional de convertirse en «cómplice» de Uber, multinacional estadounidense a la que acusa de querer «conformar un monopolio».

En cuanto a la negativa del PSOE a poner en marcha una comisión de investigación sobre los «papeles de Uber», Mayoral lamenta la «falta de responsabilidad incomprensible» de los socialistas.

La investigación conocida como «Uber files» (los «papeles de Uber» en inglés) del diario The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló una posible estrategia de la empresa para entrar en mercados europeos a través de prácticas ilegales, mecanismos de presión a las autoridades, eludiendo sanciones y llevando a cabo campañas de desinformación.

Por su parte, el coordinador de Taxi Project, Tito Álvarez, ha agradecido el apoyo tanto a los diputados de Unidas Podemos como a los de otras formaciones políticas (ERC, Bildu, CUP, Más País, Compromís y Junts per Catalunya) que se han sumado al recurso.

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