El concejal de Transporte de la Villa Mariana, Manuel Farías, acaba de publicar una providencia dirigida a las asociaciones de transportistas de viajeros en taxi y asociaciones de consumidores y usuarios para dar a conocer las condiciones del rescate de licencias. El documento establece ya definitivamente el precio por el que se pagará por cada licencia municipal, en el caso de que los dueños decidan renunciar a este trabajo.

La iniciativa se aprobó en un pleno del 15 de octubre, con una estimaciones económicas previas, a la espera de un estudio de mercado. Y este informe ha determinado ahora un valor de mercado dentro la horquilla comprendida entre los 12.136 euros y 15.136 euros.

Sobre esta base, el Ayuntamiento ha fijado como cuantía de salida de la indemnización por rescate 15.136 euros, que será la cantidad máxima a indemnizar por cada licencia que sea entregada, estableciéndose como uno de los criterios de valoración de las ofertas la mayor reducción o minoración de dicha cantidad máxima.

Esta cantidad es superior a los 12.000 euros que se hablaba en un primer momento, en base a unos estudios previos.

Un precedente

Como ya publicó este periódico, Manuel Farías, defendió la propuesta de modificación del Reglamento Municipal del Servicio Público del Transporte de Viajeros del Taxi, aprobada en el anterior pleno ordinario. Entre ellas, que hay profesionales que han suspendido su actividad al no resultarles rentable su explotación; taxistas en situación de jubilación activa, cuyas licencias interesarían al ayuntamiento rescatar para retirarlas del mercado de licencias y evitar su venta, para así mejorar la economía de los titulares de la restantes licencias en explotación; disminución de la actividad del transporte de viajeros en taxi, como consecuencia del incremento del parque automovilístico privado y la mejora del servicio público de transporte discrecional de viajeros en guagua; y, por último, que el ayuntamiento ya procedió en 2017 y 2018 a la revocación de tres licencias por inactividad o falta de explotación.

Por su parte, el alcalde, Sergio Nuez, manifestó que, según el ratio que se maneja en el sector, debería haber de media un coche por cada 1.000 habitantes, lo que daría 13 unidades para Teror.

Sin embargo, también estima el grupo de Gobierno que por la actividad económica local y el movimiento de visitantes el número adecuado sería 15.

Ahora hay 20 unidades, si bien han tenido en años precedentes en activo hasta 23 coches en las paradas. Pero entiende Nuez que en la situación actual toca reajustar la actividad, para mejorar la viabilidad económica de los profesionales del sector.

Municipios como Las Palmas de Gran Canaria ya lo han hecho.

La Provincia