La primera jornada estuvo marcada por los interrogatorios a representantes de las compañías y por las críticas de la parte demandante a la actuación del magistrado. El procedimiento continuará el próximo miércoles y jueves.
Madrid acogió este jueves la primera de las tres jornadas previstas del juicio por la demanda de competencia desleal presentada en enero de 2019 contra Uber, Cabify y varias empresas de VTC, en el contexto de las movilizaciones del sector del taxi. Tras casi ocho años de recorrido judicial, el procedimiento ha comenzado con los interrogatorios a representantes de las empresas demandadas y diferentes testigos.
La parte demandante considera que esta primera sesión ha aportado información relevante para respaldar sus argumentos, especialmente en relación con el tipo de servicios prestados por las compañías. Sin embargo, también ha expresado su preocupación por determinadas actuaciones del magistrado durante la vista, al entender que se produjeron diferencias de trato entre los abogados de las partes.
Polémica durante los interrogatorios
Uno de los momentos más tensos de la jornada se produjo cuando el abogado de la parte demandante, Elpidio Silva, interrogaba a los representantes de las empresas. Según el relato de los demandantes, el magistrado le impidió formular a uno de ellos una pregunta que previamente había permitido realizar a otro representante empresarial.
La decisión provocó una protesta formal del letrado, que defendió la pertinencia de la cuestión y solicitó que quedara constancia de su disconformidad. Durante el intercambio, el juez llegó a retirarle la palabra e impedirle continuar con el interrogatorio.
La situación cambió posteriormente, cuando otra abogada de la parte demandante intervino y el magistrado volvió a conceder la palabra a Silva. A partir de ese momento, el letrado pudo formular la misma pregunta a otros representantes de las compañías.
Esta circunstancia ha sido cuestionada por la parte demandante, que considera que se produjo un criterio desigual en la dirección de los interrogatorios.
También criticaron la diferencia de actitud que, según su versión, mostró el magistrado cuando intervino la defensa de Uber. El abogado de la plataforma formuló preguntas sobre la actividad de la empresa en distintas ciudades que, a juicio de los demandantes, no guardaban relación directa con el objeto del procedimiento. Al finalizar, el juez elogió su intervención por haber sido «claro y conciso».
La parte demandante ha señalado que estas situaciones le han generado dudas sobre la igualdad de trato durante la vista. No obstante, ha precisado que no dispone de pruebas para afirmar que existiera ninguna comunicación previa entre el magistrado y la defensa de Uber.
Las incidencias, según los demandantes, quedaron recogidas en la grabación judicial.
Las empresas reconocen el carácter urbano de la mayoría de sus servicios
Más allá de las incidencias procesales, uno de los aspectos que la parte demandante considera más relevantes fue el reconocimiento de los representantes empresariales de que la inmensa mayoría de los servicios realizados por sus vehículos eran íntegramente urbanos.
Este punto resulta especialmente importante para el objeto de la demanda, que cuestiona la utilización de autorizaciones VTC para prestar servicios urbanos durante el periodo anterior a la regulación aprobada por la Comunidad de Madrid en 2022.
Durante los interrogatorios también se abordaron las estimaciones económicas incluidas en el informe pericial presentado por los demandantes. Según explican, los representantes de las empresas no pudieron confirmar las cantidades concretas de facturación planteadas por el perito, aunque tampoco las desmintieron expresamente.
La parte demandante cuenta, además, con pruebas periciales relacionadas con el funcionamiento de las aplicaciones y con el análisis económico de la actividad de los vehículos.
Cibeles Comfort Cars declara ocho años de pérdidas
Otra de las declaraciones que llamó la atención durante la primera jornada fue la del representante de Cibeles Comfort Cars, quien, según la información trasladada por los demandantes, aseguró que la compañía acumula pérdidas económicas desde su creación en 2018.
Esto supondría ocho ejercicios consecutivos sin registrar beneficios, pese a que la empresa continúa desarrollando su actividad.
La declaración abrió interrogantes sobre cómo se ha financiado la compañía durante este periodo y qué mecanismos económicos han permitido mantener su funcionamiento.
Desde la parte demandante también pusieron el foco en las implicaciones fiscales de esta situación. Las empresas que registran pérdidas pueden compensarlas con beneficios futuros en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan los requisitos legales. Asimismo, pueden obtener devoluciones de IVA cuando las cuotas deducibles superan las repercutidas, aunque este mecanismo no está condicionado directamente a que la empresa presente pérdidas.
La declaración del representante de Cibeles Comfort Cars se convirtió así en otro de los puntos destacados de una sesión que dejó cuestiones económicas pendientes de examinar.
Un procedimiento que se inició en 2019
La demanda de competencia desleal se presentó en enero de 2019 y cuestiona determinadas prácticas de las empresas de VTC en la prestación de servicios de transporte urbano. La argumentación jurídica de los demandantes se apoya, entre otros elementos, en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el reparto de competencias en materia de transporte y en la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2023 relativa a una reclamación patrimonial vinculada al denominado decreto Ábalos.
La parte demandante considera que los interrogatorios de esta primera jornada han aportado elementos que pueden resultar relevantes para la resolución del litigio, aunque insiste en que todavía quedan pruebas y declaraciones por examinar.
El juicio continuará el próximo miércoles y jueves, cuando están previstas las dos jornadas restantes. Los demandantes han anunciado que seguirán informando sobre el desarrollo del procedimiento, que consideran de especial trascendencia para el sector del taxi.
Tras casi ocho años de litigio, el colectivo mantiene su pretensión de que se analicen judicialmente las prácticas denunciadas y reclama que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías de igualdad entre las partes.
Fuente | plataformacaracol.com
