El fulgurante negocio que empresas como Uber y Cabify mantienen en el sector de los VTC puede tener los días contados. Aunque todavía tienen margen, lo cierto es que las empresas ya atisban lo que les puede venir encima dentro de justo un año. El 1 de octubre de 2022 expira el plazo que en 2018 concedió el Gobierno central a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que regulen la actividad de este servicio de transporte, momento a partir del cual todas las licencias de VTC pasarán a ser interurbanas, por lo que para seguir realizando trayectos urbanos deberán adaptarse a las respectivas normativas regionales y autonómicas.
La cuestión es que en Andalucía ese nuevo marco legal sigue sin materializarse, por lo que desde las principales asociaciones del sector, Unauto y Aseval, han vuelto a urgir a la Junta a que tome medidas para garantizar la viabilidad de las 3.262 autorizaciones vigentes en la región, de las que 2.289 están validadas en Málaga. Exigen una regulación, pero no están dispuestos a aceptar la imposición de que la precontratación (única forma en la que estos vehículos pueden operar, a diferencia del taxi que puede captar clientes en la vía pública) se tenga que realizar con un determinado tiempo de antelación, que es precisamente lo que el taxi exige para los VTC a la Consejería de Fomento.
A un año vista de que se cumpla la moratoria recogida en el Real Decreto de Ordenación de los Transportes Terrestres que permitía a los VTC seguir prestando servicios urbanos al amparo de la norma estatal, el sector estima que sólo en Andalucía, que cuenta con 3.262 autorizaciones, la imposibilidad de trabajar en las ciudades podría poner en riesgo más de 8.500 empleos entre directos e indirectos (61.700 a nivel nacional) . «De momento, no sabemos nada de la Junta de Andalucía. En algunas conversaciones mantenidas hace meses se nos dijo que no iban a dejar caer al sector, pero no concretaron cómo», afirman desde Unauto. Según el estudio publicado por ambas asociaciones sobre el impacto económico que supondría la desaparición de dichos servicios, las pérdidas económicas podrían rondar los 372 millones en Andalucía contabilizando el empleo y la recaudación que se perderían y las inversiones no realizadas.
De momento, en el Ejecutivo regional siguen sin concretar cómo pretenden satisfacer las demandas de los VTC sin entrar en conflicto con los taxistas. En la búsqueda de ese equilibrio entre ambos servicios mejorando la competitividad del taxi y limitando la actividad de los VTC, el pasado mes de febrero entró en vigor del decreto de modernización del taxi que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de compartir vehículo o la contratación a precio cerrado para que el cliente sepa de antemano cuánto le va a costar el trayecto. Sin embargo, la regulación de los VTC sigue en punto muerto debido a la falta de consenso y, fundamentalmente, por las dudas jurídicas que tienen en la Junta a la hora de aplicar unas restricciones que podrían acabar en los juzgados.
Diario SUR
