Tres sentencias firmes de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra respaldan las multas impuestas a Best Mobility Experience SL y confirman que sus autorizaciones VTC solo permiten realizar trayectos interurbanos.
La actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) vuelve a situarse en el centro del debate sobre las competencias y los límites de este servicio frente al taxi. En esta ocasión, la Justicia ha respaldado la actuación del Gobierno de Navarra y ha confirmado la legalidad de las sanciones impuestas a una empresa que opera para la plataforma Bolt por realizar desplazamientos urbanos dentro de Pamplona.
Los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra han desestimado los recursos presentados por Best Mobility Experience SL, empresa que presta servicios para Bolt, contra las multas de 1.001 euros impuestas después de que varios de sus vehículos fueran interceptados por la Policía mientras realizaban trayectos con origen y destino dentro de la capital navarra.
Las resoluciones coinciden en un aspecto fundamental: las autorizaciones VTC de las que dispone la compañía habilitan exclusivamente para efectuar transporte interurbano de viajeros, es decir, desplazamientos entre distintas localidades, y no para prestar servicios urbanos dentro de un mismo municipio.
Los tribunales rechazan los argumentos de la empresa
En sus recursos, la empresa sostenía que las sanciones vulneraban la libertad de empresa. Su argumento se basaba en que la falta de desarrollo de una normativa específica para regular el transporte urbano mediante VTC no podía convertirse en un impedimento para operar dentro de Pamplona.
Asimismo, consideraba que la Administración navarra estaba limitando su actividad para favorecer los intereses del sector del taxi.
Sin embargo, los tres magistrados han rechazado esta interpretación. Las sentencias señalan que Navarra optó por no desarrollar una regulación que habilitase a los VTC para realizar transporte urbano, por lo que las autorizaciones existentes no permiten efectuar este tipo de servicios.
De esta manera, los tribunales consideran que las sanciones impuestas por la Administración se ajustan a la normativa vigente y resultan proporcionadas a las infracciones cometidas. En algunos de los casos, además de la multa, se produjo la inmovilización del vehículo.
Un respaldo judicial a las competencias autonómicas
Los tres pronunciamientos suponen un respaldo a la capacidad de la Administración navarra para hacer cumplir las condiciones establecidas en las autorizaciones de transporte VTC y delimitar el ámbito de actuación de estos vehículos.
Las resoluciones son firmes, por lo que las sanciones quedan respaldadas judicialmente y consolidan el criterio de que una autorización VTC de ámbito interurbano no habilita automáticamente para prestar servicios urbanos.
El caso de Pamplona vuelve a poner sobre la mesa una de las principales reivindicaciones del sector del taxi: el cumplimiento de la normativa de transporte y el respeto a las competencias de las administraciones a la hora de regular la actividad de los distintos servicios de movilidad.
Fuente | diariodenavarra.es
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