Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, sostiene que las autorizaciones VTC nacionales no habilitaban para realizar trayectos urbanos antes del cambio normativo de junio de 2026. También critica que la nueva regulación autonómica no concrete suficientemente el papel de los ayuntamientos.
La regulación de los servicios urbanos de los vehículos de transporte con conductor (VTC) vuelve a enfrentar al sector del taxi y a las patronales de este tipo de transporte en la Comunitat Valenciana. La controversia se ha reavivado después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso presentado por Radio Taxi Metropolitano S. L. contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 2025, relacionada con un concurso de transporte para el personal de À Punt.
Desde la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana consideran que esta decisión judicial no supone un reconocimiento general del derecho de las VTC a realizar servicios urbanos. Su presidente, Fernando del Molino, insiste en que las autorizaciones nacionales de estos vehículos no permitían efectuar desplazamientos con origen y destino dentro de un mismo municipio.
«Jamás han tenido autorización para hacer servicios urbanos», sostiene Del Molino, que rechaza la interpretación realizada por las organizaciones empresariales de VTC, que consideran que el pronunciamiento judicial respalda su capacidad para prestar estos servicios incluso antes de la modificación normativa aprobada por el Consell en junio de 2026.
El Supremo no entra a valorar el fondo de la cuestión
Uno de los principales argumentos de la representación del taxi es que la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Supremo no constituye un pronunciamiento sobre el alcance de las autorizaciones VTC en el ámbito urbano.
Según explica Del Molino, el alto tribunal entiende que la cuestión está relacionada con una norma autonómica y que, por tanto, no le corresponde resolver el fondo del asunto en los términos planteados.
El presidente de la Confederación recuerda que existen diferentes resoluciones judiciales de otros territorios que, según su interpretación, establecen que las autorizaciones VTC no permiten realizar servicios urbanos. Entre ellas menciona los recientes pronunciamientos judiciales registrados en Navarra y País Vasco.
En este sentido, considera que presentar la resolución del Supremo como una habilitación general para que las VTC operen en el ámbito urbano supone realizar una interpretación que no se corresponde con el contenido de la decisión judicial.
El origen de las autorizaciones VTC, en el centro del debate
Del Molino también distingue entre las antiguas autorizaciones de transporte y las que se concedieron posteriormente. Según explica, antes de 2018 existían licencias de la antigua clase C-Gran Turismo que fueron reconvertidas en autorizaciones VTC y que podían tener unas condiciones diferentes a las actuales.
Sin embargo, sostiene que las autorizaciones concedidas posteriormente tienen carácter nacional y habilitan para realizar transporte interurbano, pero no conceden automáticamente competencias para operar dentro de los municipios.
El representante del taxi argumenta que el Ministerio de Transportes no tiene competencias para conceder autorizaciones de ámbito urbano y que estas corresponden a las administraciones competentes. Por ello, cuestiona que las VTC hayan podido desarrollar históricamente esta actividad sin una habilitación específica.
La competencia de los ayuntamientos, otra cuestión pendiente
La Confederación también pone el foco en la distribución de competencias entre la Administración autonómica y los ayuntamientos.
Del Molino recuerda que la Ley valenciana de Movilidad de 2019 incluía una disposición que permitía a los municipios decidir si autorizaban o no la prestación de servicios urbanos mediante VTC. Según su interpretación, el TSJCV consideró que esta previsión no suponía una limitación efectiva para la actividad de estos vehículos, lo que generó un escenario de incertidumbre jurídica.
No obstante, considera que el marco normativo cambió con el decreto aprobado por el Consell en junio de 2026, que modificó las condiciones de prestación de los servicios VTC en la Comunitat Valenciana.
El presidente de la Confederación critica que la nueva regulación no concrete suficientemente la participación de los ayuntamientos, pese a que son las administraciones que deben intervenir en la ordenación del transporte urbano dentro de sus respectivos municipios.
Como argumento jurídico, Del Molino hace referencia al artículo 91 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), relativo al ámbito de las autorizaciones de transporte.
El taxi pide rigor en la interpretación de las resoluciones judiciales
La organización valenciana insiste en que es necesario diferenciar entre las autorizaciones nacionales de transporte VTC y las habilitaciones específicas para prestar servicios urbanos.
Del Molino anima a consultar las recientes sentencias dictadas en Navarra y País Vasco para conocer los distintos criterios judiciales sobre esta materia y sostiene que no puede darse por hecho que las VTC hayan estado habilitadas para realizar trayectos urbanos desde el inicio de su actividad.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales puntos de fricción entre el taxi y las VTC: quién tiene las competencias para autorizar los servicios urbanos y bajo qué condiciones pueden operar ambas modalidades de transporte en los municipios.
Fuente | lasprovincias.es
