La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana ha mostrado su rechazo frontal al decreto ley anunciado por el conseller de Transportes, Vicente Martínez Mus, al considerar que supone un giro en favor de las VTC y de las grandes plataformas en detrimento del servicio público del taxi.
A través de un comunicado contundente, la organización mayoritaria del sector denuncia que las medidas planteadas permitirán a miles de VTC operar en servicios urbanos en toda la comunidad, eliminando además requisitos clave como el tiempo mínimo de precontratación. A su juicio, esto abre la puerta a un modelo que, lejos de ordenar la movilidad, “favorece la especulación y el intrusismo”.
Desde la Confederación aseguran que el discurso oficial no se corresponde con la realidad del sector. “El conseller afirma que esta reforma responde a las demandas del taxi, pero en ningún momento se ha tratado este contenido en reuniones con el sector”, subrayan.
Entre los puntos más criticados, destacan la habilitación de cerca de 2.000 VTC para operar en ámbito urbano sin informes locales, la flexibilización en la concesión de licencias y la eliminación de límites que hasta ahora diferenciaban claramente la actividad del taxi y la de los vehículos de transporte con conductor.
Asimismo, alertan de que el decreto no solo afecta a las VTC, sino que también introduce cambios relevantes en la Ley del Taxi, como la posibilidad de acumular más licencias o la desaparición de ciertas exclusividades territoriales, lo que podría alterar el equilibrio actual del servicio.
La Confederación sostiene que el Consell ha incumplido las promesas realizadas durante el último año, en las que se comprometía a proteger el servicio público del taxi, regular las plataformas digitales y reforzar el control sobre las VTC. “Lo que se ha hecho es exactamente lo contrario”, denuncian.
En este sentido, consideran que las sanciones anunciadas carecen de efectividad real y advierten de que muchas infracciones acabarán diluyéndose en procesos judiciales largos, sin impacto práctico sobre la actividad diaria de las VTC.
Por todo ello, la organización no descarta emprender acciones legales contra el decreto una vez se conozca su redacción definitiva. Además, plantea la posibilidad de someter la situación a consulta del sector mediante un referéndum interno.
Finalmente, la Confederación lanza una advertencia clara: “El gran perjudicado será el ciudadano”, al entender que este modelo puede derivar en una pérdida de calidad, control y garantías en el transporte urbano.
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