Goyo Alías, portavoz de Radio Taxi Donosti, reclama actuaciones al Ayuntamiento y a la Diputación de Gipuzkoa ante los servicios urbanos que, según denuncia el sector, estaría realizando la plataforma.
El sector del taxi de San Sebastián ha vuelto a reclamar a las administraciones que intensifiquen las inspecciones sobre la actividad de Uber en la ciudad. Los profesionales denuncian la falta de diálogo institucional y consideran que la prestación de servicios urbanos por parte de vehículos VTC con autorizaciones interurbanas está generando una situación de competencia desleal.
Goyo Alías, portavoz de Radio Taxi Donosti y miembro de la Federación Vasca del Taxi, ha advertido de que las movilizaciones podrían continuar si no se producen avances. «No pararemos hasta que veamos que la Administración, tanto Ayuntamiento como Diputación, hace su trabajo y realiza las inspecciones que venimos demandando», ha señalado.
Alías también ha lamentado la falta de interlocución con las instituciones. «Tristemente, no hay ningún diálogo. No nos atienden las reivindicaciones», ha afirmado, expresando el malestar de una parte del colectivo, que asegura estar cada vez más cansada de la situación.
El taxi reclama inspecciones y posibles sanciones
La protesta se produce semanas después del parón protagonizado por el sector el pasado 18 de septiembre, coincidiendo con los primeros siete meses de actividad de Uber en Euskadi. Según denuncian los taxistas, la plataforma comenzó a operar en el territorio con licencias expedidas por la Diputación de Bizkaia que autorizaban exclusivamente la realización de trayectos interurbanos.
Los representantes del taxi sostienen que algunos vehículos estarían realizando desplazamientos urbanos en San Sebastián, una práctica que consideran contraria a las condiciones de sus autorizaciones. Por ello, reclaman que las administraciones competentes comprueben los servicios que se están prestando y actúen cuando corresponda.
En relación con las competencias institucionales, Alías ha cuestionado las declaraciones del alcalde, Jon Insausti, quien había señalado que el Ayuntamiento debe inspeccionar, la Diputación Foral de Gipuzkoa sancionar y el Gobierno Vasco regular. El portavoz considera que estas explicaciones trasladan las responsabilidades de una administración a otra y defiende que la implantación de la zona de régimen especial ha contribuido a mejorar el servicio del taxi.
Denuncian competencia desleal y falta de control
Otros profesionales del sector también han expresado su preocupación por la actividad de los vehículos VTC en la capital guipuzcoana.
Roberto Lusareta, taxista de San Sebastián, ha denunciado que algunos vehículos estarían realizando servicios urbanos sin la autorización correspondiente. A su juicio, esta situación podría acarrear problemas legales y de cobertura aseguradora en caso de accidente, por lo que ha pedido al Ayuntamiento que intervenga y sancione las posibles infracciones.
Lusareta también ha cuestionado que una compañía con una gran capacidad económica pueda entrar en el mercado local y competir en la movilidad urbana mientras, según sostiene, no se garantiza el cumplimiento de las mismas condiciones para todos los operadores.
Otros taxistas aseguran haber observado recogidas de pasajeros en la vía pública que consideran irregulares. Desde el colectivo insisten en que las administraciones deben comprobar estos hechos y evitar que se produzcan situaciones de competencia en condiciones desiguales.
El sector no descarta nuevos paros
La posibilidad de nuevas movilizaciones sigue sobre la mesa. Alías ha señalado que el colectivo estudiará las fechas de futuras protestas en función de la respuesta de las administraciones y de si se ponen en marcha las inspecciones solicitadas.
Desde el taxi también se ha cuestionado la lentitud de las instituciones a la hora de resolver el conflicto. Un profesional de Irun ha defendido que la situación debe abordarse desde el cumplimiento de la normativa y ha distinguido entre la responsabilidad de las empresas y la de los conductores que trabajan para ellas.
El colectivo reclama, en definitiva, una actuación coordinada de las administraciones para verificar la actividad de los vehículos VTC, garantizar el cumplimiento de las autorizaciones y ofrecer una respuesta a las reivindicaciones que el sector lleva meses planteando.
Fuente | diariovasco.com
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