Decenas de conductores de VTC protagonizaron este lunes una marcha lenta en las rondas de Barcelona para mostrar su rechazo al borrador de la nueva ley del transporte de viajeros, conocida como ley del taxi, actualmente en tramitación en el Parlament.
La protesta arrancó a primera hora de la mañana en la zona de la Verneda, donde se concentraron alrededor de 400 vehículos. Sin embargo, la larga duración del recorrido hizo que parte de los participantes se fueran retirando, quedando finalmente una caravana de unos 150 coches que recorrió distintos puntos de la ciudad a muy baja velocidad.
“Nos dejan sin futuro”
Los conductores denuncian que la nueva normativa, tal y como está planteada, podría dejar a muchos profesionales sin trabajo. Critican especialmente las alternativas propuestas, como la posibilidad de acceder a licencias temporales de taxi, que consideran insuficientes.
El perfil de los participantes refleja la diversidad del sector, con numerosos autónomos —muchos de ellos extranjeros— que en su día invirtieron grandes cantidades en licencias y ahora ven peligrar su actividad.
División en el sector
La protesta no contó con el respaldo de toda la patronal. Desde Unauto, principal organización del sector VTC, volvieron a reclamar la retirada del proyecto de ley por sus dudas jurídicas, aunque optaron por no sumarse a la movilización para evitar un mayor impacto en la imagen de la ciudad.
Por su parte, el sector del taxi mantiene su apoyo a la tramitación de la norma. Desde Élite Taxi insisten en que el diálogo con la Administración continúa abierto y confían en que el texto salga adelante sin cambios sustanciales.
Un conflicto abierto
La tensión entre ambos modelos de transporte sigue creciendo en Catalunya, con posiciones cada vez más enfrentadas. Mientras los VTC advierten de movilizaciones si no se revisa la ley, el taxi presiona para que se apruebe cuanto antes.
Todo ello en un contexto marcado por la incertidumbre jurídica, después de que el borrador haya sido remitido a la Comisión Europea para analizar su compatibilidad con el derecho comunitario.
Fuente | lavanguardia.com
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