La demanda solicita la extinción indemnizada del contrato y 50.000 euros por daños morales. El procedimiento también recoge quejas sobre las instalaciones, la organización de las jornadas y la seguridad de los vehículos.
Uber Systems Spain y Moove Cars Levante han sido demandadas en Alicante por presuntas vulneraciones de derechos laborales, según la información facilitada sobre el procedimiento. La demanda, tramitada como una acción de tutela de derechos fundamentales, se enmarca en un contexto de malestar entre parte de la plantilla por las condiciones de trabajo, la gestión de las jornadas y las instalaciones utilizadas como base operativa.
Las reclamaciones incluyen cuestiones relacionadas con la remuneración, la transparencia en la organización algorítmica de la actividad y la seguridad laboral. Se trata de alegaciones recogidas en la demanda que deberán ser valoradas en el procedimiento judicial y que, por el momento, no constituyen hechos declarados probados por un tribunal.
La demanda reclama 50.000 euros y la extinción del contrato
Según la información facilitada sobre el caso, el procedimiento se ha registrado en el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante con el número 988/2026. Entre las peticiones figura la extinción indemnizada del contrato al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, además de una indemnización de 50.000 euros por daños morales.
La demanda también recoge que el trabajador afectado habría tenido que afrontar cuadrantes de entre siete y diez días consecutivos al volante y que se encuentra de baja médica tras sufrir una crisis de salud que relaciona con su entorno laboral. Estas circunstancias forman parte de las alegaciones y deberán valorarse en el marco del procedimiento.
La remuneración y la transparencia de los algoritmos, en el centro del conflicto
Otro de los puntos que recoge la demanda es el cálculo de la nómina correspondiente a septiembre. El trabajador denuncia que su remuneración se calculó tomando como referencia una base de 25,84 euros diarios y sostiene que esta decisión fue una represalia por haber solicitado información sobre los algoritmos empleados para organizar su actividad.
La controversia adquiere relevancia en el contexto de las obligaciones de información laboral relacionadas con los sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones. El alcance de la normativa aplicable y la legalidad del cálculo salarial deberán determinarse a partir de la documentación del procedimiento y de la legislación vigente.
No obstante, determinar si la actuación denunciada vulneró la normativa requiere analizar las circunstancias concretas del caso, la documentación laboral y las obligaciones aplicables a las empresas implicadas.
Quejas por el estado de la base operativa en Alicante
Las condiciones de las instalaciones utilizadas por los conductores constituyen otro de los focos de malestar descritos en la información aportada.
La base actual, situada en el sótano -1 del aparcamiento Panoramics, en la avenida Perfecto Palacio de la Fuente, número 6, habría sufrido inundaciones recurrentes durante los episodios de lluvia. Los trabajadores también denuncian la falta de aseos propios en el espacio utilizado como base.
Según el documento facilitado, la empresa tenía previsto trasladar la operativa durante la primera semana de noviembre al aparcamiento situado en la calle Poeta Vila y Blanco, número 4. Sin embargo, el cambio tampoco habría despejado las preocupaciones de parte de la plantilla.
Los conductores alertan de dificultades para maniobrar con los vehículos
Las quejas sobre la nueva ubicación se centran en la configuración del aparcamiento, situado en un segundo sótano, y en las posibles dificultades para maniobrar con los BYD Seal utilizados en el servicio.
Según los trabajadores, las rampas en espiral y los giros estrechos podrían complicar las entradas y salidas de los vehículos, con el consiguiente riesgo de roces en la carrocería y daños en las llantas. También expresan su preocupación por la posibilidad de que se les atribuya el coste de los desperfectos producidos durante las maniobras.
Por el momento, estas objeciones corresponden a las quejas trasladadas por los conductores. La información disponible no incluye una evaluación técnica independiente que permita determinar si el aparcamiento presenta problemas de seguridad o si las dimensiones de los vehículos resultan incompatibles con sus accesos.
Discrepancias por un documento de aceptación voluntaria
El conflicto también incluiría diferencias relacionadas con un documento que el departamento de Recursos Humanos habría presentado a los trabajadores.
De acuerdo con el relato aportado, varios conductores fueron convocados individualmente para firmar una declaración en la que aceptarían voluntariamente determinadas directrices y condiciones laborales. Parte de la plantilla habría expresado dudas sobre el alcance del documento y sobre la posibilidad de que se utilizara para respaldar cambios en sus condiciones de trabajo o limitar futuras reclamaciones.
La negativa de varios trabajadores a firmar habría llevado a la empresa, según esa misma información, a comprometerse a revisar la redacción. Sin embargo, el documento facilitado señala que la plantilla todavía no conocía la nueva versión en el momento de elaborar la denuncia.
Un accidente plantea dudas sobre el mantenimiento de la flota
La demanda también hace referencia a un accidente ocurrido el 23 de septiembre en la base de Alicante, que el trabajador relaciona con posibles deficiencias en el mantenimiento preventivo de los vehículos.
Según su relato, el automóvil sufrió un impacto frontal-lateral y el airbag del volante no llegó a activarse, por lo que tuvo que salir por el lado del copiloto. El escrito plantea que lo ocurrido podría tener implicaciones para la seguridad laboral y apunta a la posibilidad de emprender acciones legales si se acreditan los hechos y las responsabilidades correspondientes.
Para determinar las causas del accidente y comprobar si existió un fallo de mantenimiento, sería necesario conocer los informes técnicos y las conclusiones de las investigaciones pertinentes. La información aportada no permite establecer de forma independiente qué provocó el incidente ni si existió un defecto en los sistemas de seguridad del vehículo.
Un conflicto laboral en el sector VTC
El procedimiento judicial coincide con el debate laboral abierto en el sector VTC tras la firma del nuevo convenio colectivo de Valencia, el pasado 20 de octubre de 2026, según la información facilitada.
La demanda reclama por los perjuicios económicos y personales que se atribuyen a las condiciones laborales descritas en el escrito. Entre las pretensiones figuran la extinción indemnizada del contrato y una compensación por daños morales.
Por ahora, las reclamaciones están pendientes de valoración judicial. El desarrollo del procedimiento permitirá determinar el alcance de los hechos denunciados y las posibles responsabilidades de las empresas demandadas.
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