El magistrado rechaza ampliar la investigación, iniciada en 2024 por presuntas amenazas, coacciones y daños vinculados al control de la parada del aeropuerto. Ahora deberá decidir si archiva la causa o permite que continúe el procedimiento.
El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha dado por concluida la fase de investigación de la causa que afecta a 46 taxistas por el caso conocido como la ‘mafia del taxi’ en el aeropuerto de San Pablo. El magistrado ha rechazado ampliar el plazo de instrucción al considerar que ya se han practicado las diligencias acordadas y que no resulta necesario realizar nuevas actuaciones.
La decisión no supone el cierre definitivo del procedimiento ni una declaración de culpabilidad de los investigados. Según la resolución judicial, queda pendiente que se adopten las decisiones correspondientes sobre el archivo de la causa o su continuación.
La investigación comenzó en 2024 para esclarecer presuntos delitos relacionados con una supuesta organización criminal que habría tratado de monopolizar la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla mediante amenazas, coacciones y daños. Los hechos investigados incluyen la presunta creación y dirección de esta estructura, así como la participación de distintos taxistas.
Una investigación que comenzó con detenciones en 2025
La causa adquirió especial relevancia en enero de 2025, cuando la Policía Nacional detuvo a 18 taxistas en el marco de la denominada operación Aertase. Entre los arrestados se encontraba la junta directiva de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, incluido su presidente, Antonio Velarde.
Tras las detenciones, los investigados quedaron en libertad con cargos, aunque se establecieron medidas cautelares que les impedían acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto. Estas restricciones se modificaron posteriormente y, en mayo de 2026, el juez acordó levantar las prohibiciones de acceso a las instalaciones aeroportuarias.
La decisión tuvo en cuenta el estado avanzado de la instrucción, la ausencia de incidentes durante el periodo analizado y las consecuencias que las restricciones podían tener sobre la actividad laboral de los afectados y la prestación del servicio de taxi.
El levantamiento de las medidas cautelares no implicaba el archivo de la investigación, que ha continuado hasta la reciente decisión de dar por finalizada su fase de instrucción.
El control de la parada y el interés económico, en el centro del caso
Uno de los aspectos analizados durante la investigación es el presunto control de la parada del aeropuerto por parte de un grupo de taxistas. Según el planteamiento judicial recogido durante la instrucción, el posible beneficio económico asociado a los servicios desde el aeródromo habría sido uno de los elementos que explicarían el interés por controlar este punto de recogida.
En Sevilla, la tarifa única del aeropuerto se sitúa, según la información publicada, entre los 25,72 y los 28,67 euros. La ciudad cuenta con unas 1.900 licencias de taxi, mientras que alrededor de 200 estarían vinculadas a Solidaridad del Taxi, según los datos recogidos en la información sobre el caso.
La controversia sobre la organización de la parada aeroportuaria viene de años atrás. En 2000, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó implantar un sistema de turnos rotatorios para permitir que las distintas licencias se alternasen en la prestación del servicio. Aunque el acuerdo fue declarado legal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2002, el sistema no llegó a aplicarse durante años.
La causa queda pendiente de una nueva decisión judicial
Con la instrucción finalizada, el siguiente paso será determinar si existen motivos para archivar el procedimiento o si procede continuar con las actuaciones judiciales. La decisión deberá tener en cuenta los resultados de las diligencias practicadas y los elementos que consten en la causa.
Por el momento, la resolución no establece la responsabilidad penal de los taxistas investigados. La investigación se ha centrado en esclarecer los presuntos intentos de controlar la actividad de la parada del aeropuerto y las posibles conductas empleadas para ello.
El desenlace judicial permitirá conocer si el procedimiento continúa hacia una nueva fase o si se acuerda su archivo, una cuestión que todavía permanece pendiente.
Fuente | Diario de Sevilla
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