En septiembre de 2018, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/2018, conocido como Decreto Ábalos, con la promesa de resolver el enfrentamiento entre taxis y VTC. Se anunciaba como una solución definitiva: equilibrio entre modelos, informes anuales y armonización normativa. Siete años después, la realidad es muy distinta. No hay equilibrio, ni informes, ni armonización. El decreto ha derivado en un problema estructural de movilidad que hoy afecta a ciudadanos, turistas y a la economía en su conjunto.
La norma nació bajo presión —con protestas como el corte del Paseo de la Castellana en Madrid y movilizaciones en Barcelona— y su objetivo real no fue ampliar la movilidad ni atender la creciente demanda urbana y turística, sino trasladar la regulación a las comunidades autónomas. El resultado: un mosaico de normativas restrictivas y contradictorias.
Restricciones, litigios y un mercado fragmentado
En comunidades como Cataluña, Valencia o Baleares se establecieron trabas a las VTC: límites de licencias, tiempos mínimos de precontratación, prohibiciones de geolocalización o normas de retorno a base. Muchas de ellas fueron anuladas en los tribunales, dejando un marco regulatorio aún más incierto y alejado de los principios de seguridad jurídica y estabilidad.
Las consecuencias han sido inmediatas: reducción de la oferta, encarecimiento de precios y pérdida de miles de empleos. En Cataluña, la aplicación de estas medidas derivó en la práctica desaparición de gran parte de la actividad VTC y en uno de los mayores despidos colectivos de la historia, con más de 3.000 afectados.
Por el contrario, regiones como Madrid o Andalucía optaron por marcos más abiertos, validados después por el Tribunal Constitucional. Allí se ha facilitado más competencia, más opciones de movilidad y hasta una revalorización de las licencias de taxi, lo que demuestra que la convivencia entre taxis y VTC es posible cuando la regulación acompaña.
Promesas incumplidas y falta de coordinación
El propio decreto preveía que el Ministerio elaborase estudios anuales y promoviera grupos de trabajo para compartir buenas prácticas entre comunidades. Ninguno de esos compromisos se ha cumplido. La falta de evaluación y transparencia ha alimentado la inseguridad jurídica, multiplicando los litigios y dejando el problema sin resolver.
Un déficit de movilidad cada vez más visible
La escasez de taxis y VTC se traduce en esperas interminables. En Madrid, el 78% de los ciudadanos reconoce dificultades para acceder a un servicio. En Valencia, cada fin de semana se denuncian problemas para encontrar taxis libres. En Baleares, turistas y residentes hablan de esperas de hasta 45 minutos en Palma o Ibiza. En aeropuertos de todo el país se repiten escenas de colas interminables.
Los números refuerzan esta percepción: España cuenta con 63.000 licencias de taxi y 22.700 de VTC, cifras casi congeladas desde hace cuatro décadas. Mientras tanto, la población ha aumentado en millones de habitantes, la renta se ha duplicado y el país recibe más de 85 millones de turistas al año. El contraste con otras capitales es evidente: Nueva York cuenta con más de 12 vehículos por cada 1.000 habitantes, Londres supera los 10, mientras Madrid y Barcelona apenas alcanzan 2.
Consecuencias económicas y reputacionales
El déficit no solo afecta a la comodidad. Hoteles en Santiago de Compostela han tenido que trasladar a clientes en sus propios vehículos para que no perdieran vuelos. En Donostia, el sector turístico reclama medidas urgentes. En Valencia y Alicante, las colas en estaciones y aeropuertos amenazan con convertirse en un problema de reputación internacional.
Según cálculos recientes, Madrid, Málaga y Barcelona soportan un sobrecoste superior a los 40 millones de euros anuales debido a la falta de oferta. Se trata de un lastre que afecta a la competitividad de empresas, resta productividad y erosiona la imagen internacional de España como destino turístico.
Un error de origen y un futuro en juego
El gran error del Decreto Ábalos fue priorizar la protección del valor económico de las licencias existentes frente a la verdadera necesidad de movilidad. La política cortoplacista pensó en sostener un sistema rígido en lugar de adaptarlo a una sociedad que demanda más flexibilidad y competencia.
Hoy, España necesita un cambio de paradigma: un marco nacional claro, competitivo y flexible que ajuste la oferta de taxis y VTC a la demanda real. La experiencia de Madrid y Andalucía muestra que la coexistencia no solo es posible, sino positiva.
Después de siete años, el balance es claro: el Decreto Ábalos fracasó en su propósito. Seguir con el mismo modelo es condenar al país a un déficit estructural de transporte urbano que impacta en la vida diaria de millones de personas y en la competitividad de la economía.
La cuestión ya no es si hacen falta más taxis o más VTC. La verdadera pregunta es si España puede permitirse seguir con menos.
Fuente | eleconomista.es
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