La Federación Cántabra del Taxi alerta de que las exigencias sobre vehículos de sustitución pueden dejar fuera a numerosos profesionales y anuncia que llevará el asunto a Competencia
El transporte escolar en Cantabria no depende únicamente de grandes autobuses. En muchas zonas rurales, los taxistasdesempeñan un papel fundamental para garantizar que los menores puedan desplazarse diariamente hasta sus centros educativos, especialmente en aquellos recorridos donde las características del territorio y la dispersión de la población hacen necesaria una solución más flexible.
Ahora, cerca de 50 taxis que actualmente cubren rutas escolares en el medio rural cántabro podrían quedar en riesgo debido a los criterios establecidos para acreditar la garantía de continuidad del servicio.
La Federación Cántabra del Taxi considera que una de las exigencias incluidas en los pliegos puede generar una barrera para estos profesionales y ha anunciado que estudiará trasladar el asunto a los organismos de defensa de la competencia.
El conflicto está en el vehículo de sustitución
El principal punto de discrepancia se encuentra en el criterio utilizado para valorar la garantía de continuidad del servicio en caso de que se produzca una avería, un accidente o cualquier otra incidencia durante una ruta escolar.
La Federación cuestiona que se valore la disponibilidad de un vehículo de repuesto próximo a la ruta, al considerar que este requisito puede resultar especialmente difícil de asumir para los taxistas que trabajan en zonas rurales.
En anteriores procesos de contratación, el sector ya había recurrido criterios similares. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha analizado en varias ocasiones los pliegos del transporte escolar de Cantabria y ha anulado determinados criterios cuando consideró que podían generar ventajas injustificadas para determinados operadores.
Un requisito difícil de asumir para un autónomo
La organización sostiene que disponer de un segundo vehículo específicamente preparado y autorizado para sustituir al principal supone, en la práctica, una duplicidad de costes especialmente complicada para un taxista autónomo.
La Federación ya cuestionó anteriormente que se otorgase una valoración adicional en función de la disponibilidad de vehículos de sustitución cercanos, al considerar que este sistema podía favorecer a operadores que ya cuentan con una estructura de vehículos en determinadas zonas.
En un procedimiento anterior, el TACRC examinó precisamente un criterio que concedía hasta 30 puntos por la capacidad de responder a una incidencia mediante un vehículo de sustitución ubicado cerca del lugar donde se prestaba la ruta.
El taxi reclama poder seguir prestando servicio en los pueblos
Para el sector, el problema va más allá de una cuestión contractual. La posible salida de estos taxis de las rutas escolares afectaría especialmente a los municipios rurales, donde el taxi permite cubrir trayectos que difícilmente resultan asumibles mediante otros modelos de transporte.
La Federación defiende que los profesionales del taxi han venido prestando estas rutas con normalidad y que cualquier requisito adicional debe garantizar la seguridad y continuidad del servicio sin generar obstáculos desproporcionados a la participación del sector.
La organización ya ha protagonizado en años anteriores recursos contra los pliegos de transporte escolar de Cantabria. En 2023, por ejemplo, reclamó la anulación de los criterios relacionados con la garantía de continuidad por considerar que podían restringir la competencia.
La Federación prepara su recurso ante Competencia
Ante la situación actual, la Federación Cántabra del Taxi prevé recurrir el criterio ante los organismos de competencia y reclamar que se revise el sistema establecido para garantizar la continuidad de las rutas.
El objetivo del sector es evitar que las nuevas condiciones terminen dejando fuera a decenas de taxistas rurales que actualmente prestan un servicio esencial para los escolares.
El conflicto vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que el taxi cántabro lleva años denunciando: la necesidad de que los concursos de transporte escolar permitan la participación efectiva de los profesionales del taxi y que los criterios de adjudicación tengan en cuenta las características específicas de las zonas rurales.
Fuente | eldiariomontanes.es
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